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21 de enero de 2026

MIEDO ADMINISTRADO O ESTADO DE DERECHO: GUATEMALA ANTE LA DISPUTA DE PODER

"Guatemala se encuentra ante un umbral histórico. Interpretar este momento no es un lujo intelectual. Es una urgencia histórica. Entre el miedo administrado y la reconstrucción del Estado de derecho no hay neutralidades. Solo decisiones"

Guatemala. Estado de sitio.

Violencia, justicia y miedo en un umbral histórico

Guatemala no atraviesa simplemente una nueva crisis de seguridad. Tampoco vive un episodio excepcional de violencia criminal. Lo que el país enfrenta es algo más profundo y decisivo: el agotamiento de un modelo de gobernabilidad basado en la administración del miedo, donde la violencia, la narrativa política y un sistema de justicia cooptado han operado durante años como un mismo dispositivo de poder.

Los motines carcelarios, la toma de rehenes, los asesinatos de agentes de la Policía Nacional Civil y el clima de zozobra que paralizó la vida cotidiana no surgieron de la nada ni responden al azar. Aparecieron en un momento políticamente sensible, se desplegaron de forma coordinada y produjeron efectos precisos: elevar el costo de gobernar, erosionar la autoridad del Ejecutivo y condicionar decisiones estratégicas para el futuro inmediato del país. La violencia, una vez más, habló como lenguaje político.

Reducir esta coyuntura a un problema penitenciario o policial sería una lectura cómoda, pero equivocada. Lo ocurrido no es un desborde del sistema, sino la manifestación visible de una disputa por el poder real, una confrontación entre quienes intentan modificar —aunque sea parcialmente— el equilibrio histórico de impunidad y quienes han gobernado desde las sombras administrando el caos como forma de estabilidad.

Cuando las cárceles hablan al país

El estallido simultáneo en varios centros carcelarios dejó claro que no se trataba de una protesta espontánea por condiciones internas. Las cárceles no hablaron hacia dentro; hablaron hacia afuera. Cada incendio, cada rehén, cada video difundido cumplió una función comunicativa precisa: demostrar capacidad de daño y recordar que el encierro no limita el poder de intervención política.

La posterior proyección de la violencia hacia las calles, con asesinatos de policías, reforzó el mensaje. Matar agentes del Estado no es solo un crimen; es una advertencia. Es decirle al país que, si el Estado aprieta, el costo se paga en la vida cotidiana. El miedo social no fue un efecto colateral: fue parte del diseño.

En un país marcado por la memoria de la violencia estructural, el miedo sigue siendo una herramienta política eficaz

Este traslado del conflicto del encierro al espacio urbano cumple una función disciplinadora. Busca paralizar, erosionar la confianza institucional y forzar decisiones bajo presión extrema. En un país marcado por la memoria de la violencia estructural, el miedo sigue siendo una herramienta política eficaz.

Más allá del motín: las cárceles como nodos de poder

Para entender esta crisis es necesario mirar más allá del estallido visible. En Guatemala, las cárceles no han funcionado históricamente como espacios de castigo o reinserción. Han operado como nodos de poder, desde donde se coordinan economías criminales, se administra violencia y se ejerce influencia política.

Las economías criminales no nacen ni mueren en las cárceles. Las atraviesan

El error recurrente del Estado ha sido confundir infraestructura con poder real. Se construyen centros modernos, se instalan tecnologías, se aíslan cabecillas, pero se deja intacta la arquitectura humana, económica y judicial que sostiene el control criminal. Se cortan cables, pero no lealtades. Se levantan muros, pero no se desmontan redes.

Las economías criminales no nacen ni mueren en las cárceles. Las atraviesan. Desde el encierro se ordenan extorsiones, se envían mensajes y, cuando conviene, se activa la violencia como instrumento de presión política. La cárcel no encierra el poder: lo concentra.

Este funcionamiento no sería posible sin redes externas que conectan el mundo penitenciario con sectores políticos, judiciales y económicos. No se trata de fallas individuales, sino de un patrón estructural que ha permitido administrar la violencia como parte de la gobernabilidad informal. Cuando ese equilibrio se siente amenazado, la respuesta no es gradual: es explosiva.

Víctor M. Ruano P. Pbro. Diócesis de Jutiapa, Guatemala.

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