Tras su paso por el
Ministerio de Ambiente, la ahora diputada Patricia Orantes defiende la
iniciativa de Ley de Aguas que no otorga concesiones al sector privado
tradicional y confía en que la urgencia de la crisis hídrica permitirá
articular en el Congreso de la República los 81 votos, necesarios para
aprobarla. Patricia Orantes dejó
el cargo de Ministra de Ambiente el pasado 1 de septiembre y se integró como
diputada de la facción legislativa Raíces. Este grupo de legisladores, electos
inicialmente por Semilla, se distanció del presidente Bernardo Arévalo y lo ha
cuestionado en distintas coyunturas políticas.
Orantes asume la tarea
de promover la aprobación de la Ley de Aguas, cuya elaboración por parte del
Ejecutivo tardó dos años, tras consultas con distintos sectores a nivel nacional.
En entrevista con Plaza
Pública, presume haber dejado un ministerio libre de injerencias de actores
económicos, señala los puntos rojos que no está dispuesta a cruzar a cambio de
alianzas y detalla cómo su grupo legislativo pretende construir una mayoría de
81 votos en un hemiciclo fragmentado y con un historial de resoluciones
constitucionales adversas a iniciativas ambientales.
—Usted estuvo frente al
ministerio alrededor de dos años ¿Con qué capacidades deja a la cartera para
controlar situaciones como la contaminación de aguas o la sobreexplotación de
recursos en materia ambiental?
—Una de las cosas más
importantes es que estamos dejando al ministerio autónomo de los poderes
fácticos, que estaban metidos controlándolo. Estamos hablando de poderes
económicos, poderes políticos y criminales que estaban manipulando las
decisiones. Es muy importante saber que, ahora, el Ministerio ha retomado su
autonomía y las decisiones se toman de acuerdo a la ley, a la normativa
ambiental y a la política pública, libres de presiones políticas y económicas
indebidas.
Ahora voy a su
pregunta. Primero, pusimos el tema de las aguas, que estaba ahí tirado, en la
gente; todo el mundo preocupándose, angustiado, sufriendo por la contaminación,
la escasez, las injusticias, y nadie ponía el tema sobre la mesa.
Los gobiernos
municipales tienen tres grandes competencias que tienen un impacto feroz sobre
la mala calidad actual de nuestros ríos y lagos, y no las están cumpliendo:
recolectar y gestionar correctamente la basura, tratar las aguas residuales y
el suministro de agua a la población. Dos de las principales causas de
contaminación de las aguas están en manos municipales.
Los gobiernos
municipales tienen tres grandes competencias que tienen un impacto feroz sobre la
mala calidad actual de nuestros ríos y lagos, y no las están cumpliendo.
En el Consejo Nacional
de Desarrollo Urbano y Rural tuvimos una batalla política y la ganamos. Dejamos
una tendencia de alrededor del 100 por ciento de crecimiento en la inversión en
tratamiento de aguas y en manejo. En el tema de desechos, dejamos una
conciencia clara de que lo que tenemos no sirve y hay que modificarlo. El 60
por ciento de los desechos sólidos provienen de procesos productivos de las
empresas. Empezamos una iniciativa de ley que, por primera vez, va a poner la
responsabilidad extendida al productor. Guatemala se había negado a hablar de
eso.
—¿Puede ampliar cuáles
son esos poderes fácticos económicos y de qué forma operaban en el ministerio?
Hay historiales de
licencias que nunca se debieron dar, decisiones que no se debieron haber
tomado. Básicamente tenían al ministerio haciendo lo que los poderes económicos
indebidos –porque no son todos– querían que hicieran, a conveniencia de
intereses particulares.
—¿Pero por qué tipo de
proyectos llamaban?
Le voy a ser sincera,
yo no recibí presiones directamente porque nunca se atrevieron, pero sí había
línea directa indebida entre servidores públicos y actores políticos y
económicos donde llamaban por teléfono, se reunían y amarraban el tamal.
Los proyectos donde más
corrupción encontramos, lastimosamente, están vinculados a minería metálica. En
una reunión con el sector minero, muy bien organizada, me paré y les dije:
«Miren, vamos a hablar sobre el elefante que hay aquí en el cuarto. El elefante
que hay en el cuarto es que de las 21 licencias que hemos cancelado con
denuncias de corrupción en el Ministerio Público, 12 son de minería». Y bueno,
creo que se mandó un mensaje muy claro.
