109 COMUNICADO CÍRCULO DE SILENCIO
Cádiz 13 de MAYO de 2026.
Comenzamos
nuestro Círculo de Silencio poniendo el foco en la dignidad de las personas migrantes y refugiadas.
La regularización extraordinaria es una medida que
algunos gobiernos aplican para dar residencia y permiso de trabajo a personas
migrantes que viven, trabajan, conviven, son vecinos y ciudadanos, … pero sin
documentación en el país desde hace tiempo.
En España, el Gobierno aprobó este año el proceso de
Regularización Extraordinaria; es un proceso excepcional para personas migrantes
que ya residían en nuestro país antes del 1 de enero de 2026 y que cumplen
ciertos requisitos, entre ellos el no tener antecedentes penales en su país de
origen o en cualquier lugar en el que hayan residido en los últimos 5 años,
incluido nuestro país.
Lo que se pretende con esta regularización es reducir
la economía sumergida y la explotación laboral; facilitar acceso a sanidad,
educación y derechos básicos; aumentar cotizaciones y recaudación fiscal; mejorar
la integración social y la seguridad jurídica.
Estamos, al igual que otras muchas organizaciones
sociales, a favor de esta regularización, las personas migrantes no son una
amenaza. No son una cifra vacía ni un problema que gestionar. Son seres humanos
que sostienen economías, cuidan vidas, enriquecen culturas y ejercen un derecho
tan antiguo como la humanidad misma: buscar una vida digna.
Sin embargo, hoy
asistimos a una peligrosa normalización del odio, la desinformación y la
discriminación. Se criminaliza a quienes migran, se les responsabiliza de
problemas estructurales y se utilizan los discursos del miedo para justificar
políticas injustas y condiciones laborales indignas.
Frente a ello, alzamos
la voz.
Denunciamos las
redadas racistas, los discursos xenófobos, la explotación laboral, las
devoluciones inhumanas y la indiferencia ante las muertes en las fronteras.
Denunciamos que miles
de personas migrantes trabajan en sectores esenciales —agricultura, cuidados,
hostelería, construcción, reparto, limpieza— mientras siguen sufriendo salarios
bajos, inseguridad jurídica y dificultades para acceder a vivienda, sanidad o
derechos básicos.
Denunciamos también la
utilización política de la mentira para señalar a la población migrante como
responsable de la delincuencia o de la precariedad laboral.
La migración no genera
delincuencia, los datos contradicen los discursos de odio. Numerosos estudios
internacionales muestran que no existe una relación directa entre migración y
aumento de la criminalidad. En muchos países europeos, incluido España, los
índices de delincuencia han disminuido durante años en paralelo al crecimiento
de la población migrante.
Las investigaciones
sociológicas y criminológicas coinciden en que los factores que más influyen en
la delincuencia son la exclusión social, la pobreza, la falta de oportunidades
y la desigualdad, no el origen de las personas.
Señalar colectivamente
a quienes migran no solo es injusto: alimenta el racismo y desvía la atención
de los verdaderos problemas sociales.
La precariedad laboral
no la provocan las personas migrantes, tiene responsables claros: modelos
económicos basados en la explotación, salarios insuficientes, debilitamiento de
derechos laborales y abuso empresarial.
Las personas migrantes
no empeoran las condiciones laborales; con frecuencia son quienes más las
padecen.
Diversos informes
económicos muestran que la migración contribuye al crecimiento económico, al
sostenimiento de los sistemas públicos y al mercado laboral. En muchos países
europeos, las personas migrantes cubren empleos esenciales y ayudan a compensar
el envejecimiento demográfico.
Cuando se permite que
una parte de la población trabaje sin derechos o bajo amenaza constante, el
problema no es la migración: es la explotación.
La solución no es
enfrentar a trabajadores entre sí, sino garantizar derechos laborales dignos
para todas las personas.
Tenemos que actuar, invitamos
a denunciar cualquier forma de racismo, discriminación o abuso contra personas
migrantes.
Invitamos a combatir
la desinformación con datos y humanidad.
Invitamos a
sindicatos, asociaciones, centros educativos, instituciones y ciudadanía a
defender una convivencia basada en la igualdad y la justicia social.
Porque ninguna persona
es ilegal.
Porque migrar no es un
delito.
Porque los derechos
humanos no dependen del lugar de nacimiento.
Y porque una sociedad
más justa solo puede construirse desde la solidaridad, la verdad y la dignidad
compartida.
Amigos,
comienza nuestro TIEMPO DE SILENCIO.
MESA DIOCESANA DE ATENCION Y ACOGIDA
DE MIGRANTES Y REFUGIADOS DE CÁDIZ Y CEUTA.
Colaboración de Juan García de Paredes.
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