92 MANIFIESTO CÍRCULO DE SILENCIO
Cádiz a 8 de mayo de 2024
Comenzamos nuestro Círculo de Silencio en Londres. El martes 23 de abril, salió adelante en el parlamento de Reino Unido la “Ley de Seguridad de Ruanda”, que delega al país africano la gestión de los inmigrantes irregulares llegados al Reino Unido, y convierte en casos muy puntuales la posibilidad de solicitar protección internacional en territorio británico.
El momento de acudir al tribunal de Estrasburgo, para la defensa de los derechos humanos llegará cuando el Gobierno comience con las primeras deportaciones, que se anuncian para el próximo mes de julio.
Son muchos los críticos de la ley, tanto desde el bando de la oposición como desde el propio Partido Conservador, que la consideran una victoria política, pero que difícilmente logrará sortear todos los desafíos legales que le vienen por delante.
El Gobierno británico ha pagado ya a Ruanda casi 280 millones de euros en 2023, y el pago total, a lo largo de cinco años, alcanzará al menos los 430 millones de euros, según la Oficina Nacional de Auditoría, un órgano independiente de control de las finanzas públicas.
Es una medida absurda planeada para la captación de votos, pues con las capacidades contratadas de alojamiento y atención en Ruanda, el Reino Unido solo puede enviar 200 personas al año al país africano. Es decir, un 0,7% del número total de inmigrantes que llegaron en 2023 a las costas inglesas (29.437 personas).
Además, cada individuo deportado costará al Estado británico unos 174.000 euros, casi 73.000 euros más de lo que cuesta mantenerlo en territorio del Reino Unido.
El Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas, Filippo Grandi, se ha unido a la denuncia de la ley diciendo: “Supone un nuevo paso del Reino Unido con el que se aleja de su larga tradición de ofrecer refugio a los que lo necesitan, y de atentar contra la Convención para los Refugiados”.











