29 de diciembre, 36
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El 29 de diciembre de 1996 se firmó la llamada Paz Firme y Duradera entre la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y el gobierno de turno. Ese día se cerró formalmente un ciclo de 36 años de guerra interna (1960-1996), uno de los más prolongados y devastadores de América Latina en el siglo XX. Fue también el inicio de una etapa inédita: la posibilidad de transformar el país por medios políticos, sin armas.
La firma de la paz no fue un acto de rendición, sino el reconocimiento de que la guerra había cumplido su papel histórico: abrir una puerta que el poder racista, oligárquico y cerrado de Guatemala había mantenido bloqueada por siglos. Debemos decir que, para entonces, las y los revolucionarios no tenían la posibilidad de un triunfo militar, pero tampoco el Estado había sido capaz de derrotar a la guerrilla. La negociación y firma de la paz era necesaria para ambos.
Hay quienes tratan de disminuir y demeritar la dimensión y el alcance que tuvo la guerra interna y la fuerza que llegó a representar la guerrilla. Dicen que el movimiento revolucionario armado sólo realizaba acciones de propaganda armada y, a lo sumo, hubo algunas escaramuzas. Sin embargo, la guerra fue fuerte y profunda, especialmente en el Ixcán y la Región Ixil, así como en otras partes del país, como el Petén y San Marcos. Nadie negocia con una fuerza derrotada. ¿Para qué?
Así como la paz, en un momento dado, se hizo indispensable para ambos bandos, la guerra también fue necesaria. Guatemala vivía en una terrible desigualdad estructural con raíces coloniales (que, a la fecha persiste), bajo un régimen de terror sostenido por las élites militares y económicas. A partir de la contrarrevolución de 1954, la represión había llegado al extremo de aniquilar incluso a quienes buscaban vías pacíficas de cambio. Políticos socialdemócratas e incluso socialcristianos, maestros, sindicalistas, religiosos, obreros, campesinos, estudiantes, indígenas y líderes comunitarios fueron perseguidos, desaparecidos o asesinados. En ese contexto, la lucha armada no fue un capricho ideológico, sino una respuesta histórica frente a un Estado que había cancelado todas las otras opciones para la transformación del país.
Quizás entonces, la pregunta no debería ser si valió la pena la guerra, sino si era necesaria. Y la respuesta, por dolorosa que sea, es sí. No había otro camino. Es el precio que los Pueblos de Guatemala, las comunidades y familias que las forman, tuvieron que pagar para llegar a donde estamos, aún con todas las imperfecciones que debemos reconocer y señalar.
Ninguna guerra vale la pena. Con el tiempo he aprendido que es cierto que “la violencia genera más violencia” y que “si hay vencedores y vencidos, el conflicto continuará, de otra manera”. Acá la pregunta es “¿qué es violencia?” y “¿quién la inició?”. ¿No es violencia el racismo y las discriminaciones, el despojo de los pueblos originarios, la explotación de las y los trabajadores? ¿No es violencia también la represión y la contrainsurgencia que significan muerte? No se trata de glorificar la violencia, pero tampoco podemos juzgar el pasado con los ojos del presente, sino comprender el contexto que la hizo indispensable.
La firma de la paz abrió una oportunidad histórica. Por primera vez, los pueblos indígenas y campesinos, las mujeres, los trabajadores y las comunidades organizadas tuvieron un marco legal y político desde el cual reclamar derechos. Surgieron espacios de participación ciudadana, se fortalecieron organizaciones sociales y se abrieron algunas posibilidades como la libertad de expresión y de organización, aunque no de manera irreversible. Se aprobó un nuevo marco jurídico que reconoció la identidad y los derechos de los Pueblos Originarios. Se impulsó una incipiente descentralización y se promovió la desmilitarización del Estado. Hay que decir que si hubo perdedores, fue el ejército oficial que se evidenció en sus crímenes y atrocidades.
Nada de eso hubiera sido posible sin la presión, el sacrificio y la fuerza acumulada por quienes resistieron y soñaron con un país distinto. Honor y gloria a todas aquellas personas, comunidades y Pueblos que con sus luchas abrieron el camino para un nuevo contexto.
Sin embargo, también es cierto que el país no se transformó como se esperaba. Las estructuras de poder se reacomodaron, muchas veces utilizando los mismos mecanismos de exclusión y corrupción. El modelo económico siguió beneficiando a unos pocos, dejando a las mayorías marginadas. Y, desde 2017, Guatemala vive una regresión profunda, encabezada por una Dictadura Judicial al servicio del llamado Pacto de Corruptos.
La captura del sistema de justicia, la persecución de periodistas y defensores de derechos humanos, y el exilio forzado de fiscales y jueces independientes muestran que el sueño de una “paz firme y duradera” fue traicionado por quienes nunca creyeron en ella. Vale decir que mientras el movimiento revolucionario sí estaba comprometido con construir un país distinto, con verdadera democracia y justicia social, sin guerra, para las élites que aceptaron, la firma de la paz se trataba de poner fin a un conflicto que estorbaba a sus planes neoliberales con una proyección regional. Es decir que el compromiso de unos y otros con lo firmado era muy distinto.
Lamentablemente, se perdió una oportunidad histórica y, como país, en un contexto mundial también adverso, seguimos retrocediendo.
Ante esa realidad, surgen voces que dicen que “no valió la pena una guerra tan prolongada, con tantos muertos, sangre y dolor”. Pero esa conclusión ignora la historia. Reiteramos que no se puede juzgar el pasado con los ojos del presente. Quienes lucharon lo hicieron desde las condiciones concretas de su tiempo, enfrentando un sistema racista, clasista, violento y cerrado. Sin esa resistencia, seguiríamos viviendo totalmente bajo la bota militar y no habría algunos espacios democráticos.
Además, de la guerra y el proceso de paz han quedado sedimentos profundos:
El discurso político en
general ha cambiado y ahora nadie niega que Guatemala vive problemas
estructurales profundos como la desigualdad y la extrema pobreza para la
mayoría de la población. Es decir que existe ahora más una conciencia nacional
sobre la injusticia estructural y el racismo que por siglos han dividido al
país.
Mucho de la conciencia,
organización y participación existente hoy tiene sus raíces en esa lucha del
siglo pasado.
Fruto de esa lucha es
la institucionalidad democrática actual que, si bien es muy frágil y, peor aún,
está siendo destruida por los sectores más conservadores y cavernarios, ha
abierto espacios antes impensables para la participación política de sectores
excluidos.
Hemos avanzado en el
reconocimiento de los derechos específicos de los Pueblos Indígenas. Las
mujeres y otros segmentos y sectores de la población que han sido secularmente
invisibilizados.
Los Acuerdos de Paz han sido presentados por personas críticas y desencantadas como “recuerdos de paz” pero estos siguen siendo una plataforma política válida que proporciona una agenda de país que habría que revisar, actualizar y aprovechar para la construcción de nuevas propuestas. De hecho, es una base para la conformación de un frente amplio nacional por la democracia.
Somos personas y pueblos que seguimos vivos, resistiendo y luchando. Eso nos da confianza en que hay futuro.
El proceso revolucionario y la firma de la paz fueron capítulos inseparables de una misma historia: la búsqueda de dignidad. La guerra no fue la solución, pero fue el camino que permitió abrir espacios de lucha política en favor de la democracia y la transformación del país.
Hoy, a 29 años de aquel
29 de diciembre, es necesario mirar atrás, para reivindicar una gesta heroica
de los pueblos y aprender las lecciones del pasado. La guerra fue un mal
necesario en un contexto de confrontación extrema en el país y a nivel mundial;
la paz, una oportunidad incompleta. Pero en ambos casos, lo que permanece es la
voluntad de un pueblo que sigue soñando con justicia, con igualdad, con vida
digna. Esa es, quizás, la herencia más valiosa de quienes lucharon: haber demostrado
que la historia no se escribe desde la resignación, sino desde la esperanza, la
organización, la lucha y la unidad de todas las fuerzas populares, democráticas
y progresistas, que dé cabida a todo aquel que considere y quiera comprometerse
con la construcción de un país inclusivo justo.
Juan Jose Hurtado Paz y
Paz
