Cádiz a 8 de julio de 2026
Comenzamos nuestro Círculo de Silencio, una vez más, para hacer visible una realidad que no puede seguir siendo ignorada: la de miles de personas migrantes que forman parte de nuestra sociedad y que, con su trabajo, su esfuerzo y sus proyectos de vida, contribuyen cada día al bienestar de todos.
Los primeros datos muestran ya los beneficios de
esta decisión. Se han producido más de 159.000 nuevas afiliaciones a la
Seguridad Social, lo que significa más ingresos para las arcas públicas, más
estabilidad para las empresas, más protección para los trabajadores y menos
espacio para la economía sumergida y la explotación laboral.
Regularizar no significa abrir las puertas sin
control. Significa reconocer una realidad que ya existe. Son personas que viven
entre nosotros, que cuidan de nuestros mayores, trabajan en nuestros campos, en
la hostelería, en la construcción, en el servicio doméstico, en el comercio o
en el transporte. Personas que pagan impuestos cuando pueden hacerlo, que consumen,
alquilan viviendas, llevan a sus hijos a la escuela y participan en la vida de
nuestros barrios.
La regularización beneficia a quienes obtienen una
autorización para vivir y trabajar con dignidad. Pero también beneficia a toda
la sociedad: aumenta la recaudación fiscal, fortalece la Seguridad Social,
reduce la competencia desleal, combate la explotación laboral y favorece la
cohesión social. Una sociedad con menos personas obligadas a vivir en la
clandestinidad es una sociedad más segura, más justa y más fuerte.
Hay un mensaje que escuchamos cada vez con más
frecuencia: la llamada "prioridad nacional". Se presenta como una
defensa de quienes peor lo están pasando, pero en realidad propone una falsa
solución.
Cuando una familia española no encuentra una
vivienda asequible, cuando un joven no puede emanciparse, cuando un trabajador
encadena empleos precarios o cuando un pensionista tiene dificultades para
llegar a fin de mes, el problema no es que exista una familia migrante con
necesidades similares. El problema es la falta de políticas públicas capaces de
garantizar derechos para todos.
La prioridad nacional invita a los pobres a mirar con desconfianza a otros pobres. Convierte al vecino vulnerable en un rival. Hace creer que si una persona migrante accede a un empleo, a una ayuda o a una vivienda, alguien nacido aquí la está perdiendo. Pero esa no es la verdadera causa de la escasez.
La realidad es otra. Los problemas de acceso a la
vivienda, de la precariedad laboral, de la insuficiencia de algunos servicios
públicos o de los bajos salarios no se solucionan enfrentando a personas que
comparten las mismas dificultades. Se solucionan construyendo más vivienda
asequible, fortaleciendo la sanidad y la educación públicas, persiguiendo el
fraude y la explotación laboral, mejorando los salarios y garantizando
oportunidades para todos.
La respuesta no puede ser decidir quién merece
derechos y quién no. La respuesta es ampliar derechos, proteger a quienes viven
con mayor vulnerabilidad y construir una sociedad donde nadie tenga que
progresar a costa del otro.
Como recordó el papa Francisco, no existe un
"nosotros" auténtico si se construye excluyendo a otros. Y el papa
León XIV ha insistido en que el bien común nunca nace de enfrentar a los más
débiles, sino de reconocer que la dignidad humana pertenece por igual a todas
las personas.
No necesitamos que los pobres compitan entre ellos.
Necesitamos políticas que reduzcan la pobreza, venga de donde venga, porque la
justicia no consiste en repartir la escasez, sino en construir un futuro con
más derechos, más oportunidades y más dignidad para todos.
Los derechos humanos no son un privilegio reservado
a unos pocos. Son universales. Cuando una sociedad empieza a establecer
categorías de personas con más o menos derechos según su origen, se debilita el
fundamento mismo de la convivencia democrática.
El papa Francisco nos recordó incansablemente que
las personas migrantes deben ser acogidas, protegidas, promovidas e integradas.
Nos pidió construir puentes y no muros, tender la mano y no levantar barreras.
El papa León XIV ha continuado ese mismo camino,
recordando que ninguna política puede olvidar que cada ser humano posee una
dignidad inviolable y que el bien común solo puede construirse desde la
solidaridad, la fraternidad y el respeto a los más vulnerables.
Como ciudadanos y como defensores de los derechos
humanos, no podemos aceptar discursos que enfrenten a unas personas contra
otras, que conviertan al extranjero en un enemigo o que hagan creer que
reconocer derechos a quienes llegan supone quitárselos a quienes ya estaban.
La historia demuestra justamente lo contrario:
cuando una sociedad integra, todos ganan. Cuando protege derechos, todos
avanzan. Cuando combate la exclusión, toda la comunidad se fortalece.
Por eso seguiremos reclamando políticas migratorias
humanas, justas y eficaces. Políticas que ofrezcan vías legales y seguras, que
persigan a quienes explotan a las personas migrantes y no a las propias
víctimas, y que sitúen siempre la dignidad humana por encima del miedo, del
prejuicio y del interés electoral.
Porque ninguna persona es ilegal, porque todos
compartimos la misma humanidad, Y porque una sociedad que reconoce la dignidad
de cada persona es una sociedad más libre, más justa y más fraterna.
Amigos, comienza nuestro TIEMPO DE
SILENCIO.
MESA DIOCESANA DE ATENCION Y ACOGIDA DE
MIGRANTES Y REFUGIADOS DE CÁDIZ Y CEUTA.
