Cena Ecológica, parte de la pintura de Maximino Cerezo

Cena Ecológica, parte de la pintura de Maximino Cerezo
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17 de marzo de 2016

El caso de las mujeres que no eran guerrilleras ni prostitutas



El miércoles 25 de agosto de 1982, en el quinto año de represión cruenta en Guatemala, estas víctimas no eran víctimas. Eran mujeres veinteañeras. Mujeres jóvenes, casadas, pobres, que hablaban sólo q’eqchí y no castellano y vivían en una comunidad apartada, Sepur Zarco. Las acusaron de dar de comer a los guerrilleros. Ellas lo negaron, pero el Estado de Guatemala no les creyó y les arruinó las vidas. Tuvieron que pasar 33 años para que un viernes 26 de febrero de 2016 por fin les creyeran. No eran ni guerrilleras ni prostitutas.


 Eran hijas y nietas de campesinos pobres, con maridos que intentaban legalizar sus propiedades en la oficina estatal de registro de tierras. Pero el ejército los acusó de apoyar a la guerrilla a 300 kilómetros de la Ciudad de Guatemala. Mataron a sus esposos y los desaparecieron, las despojaron de sus propiedades, se las llevaron y las violaron, las hicieron sus esclavas sexuales y domésticas. Cada tres días. Durante seis meses. Y fue tan brutal, tanto horror contra las más vulnerables de la sociedad, que ha sido el último de los casos paradigmáticos en la justicia por los crímenes del pasado en Guatemala.

Durante todo un mes, febrero de 2016, todas las mañanas el Palacio de la Corte Suprema de Justicia veía correr en sus pasillos a pequeñas mujeres vestidas con trajes de colores. Pequeñas y silenciosas. Eran once e iban acompañadas de una docena de abogados. Once q’eqchís que resistieron tres décadas para buscar la justicia, para que la violencia que sufrieron en el destacamento militar de Sepur Zarco por parte de un grupo de militares fuera castigada y se comprobara que siempre fueron inocentes.

Llevaban ocho años preparándose con atención psicológica y acompañamiento de tres organizaciones de la sociedad civil para que estas once sobrevivientes le dijeran a sus agresores, a sus comunidades, al gobierno, al mundo: mal’ al li qa xiw (ya no tenemos miedo).

El Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, el mismo que condenó por genocidio a Efraín Ríos Montt, juzgó al ex teniente coronel Esteelmer Reyes Girón y al ex comisionado militar Heriberto Valdez Asig, los encontró culpables de delitos contra los deberes de la humanidad, asesinato y desaparición forzada. 120 y 240 años de prisión a cada uno.


La guerra sucia en Guatemala, la violentísima represión estatal, no fue sólo inhumana y racista, también patriarcal. Las violaciones sexuales contra las mujeres fueron una práctica de guerra utilizada para desarmar el tejido social de una comunidad, para destruirlo.

Las mujeres víctimas expresaron dolor, tristeza y desamparo. Eso lo dijo el Tribunal dirigido por la jueza Yassmín Barrios, que también reconoció la valentía de las víctimas que se presentaron a declarar públicamente contra los hombres armados que cambiaron el rumbo de sus vidas. El Tribunal resaltó que con las violaciones sexuales, el daño ocasionado por los militares transcendió sus cuerpos y sus mentes, porque cuando regresaron a buscar los restos de su vida en la comunidad, su entorno ya no era el mismo.

Hasta hace unos años, el resto de la comunidad les impedía participar de actividades comunitarias como los Consejos de Desarrollo. Hasta hace dos meses, la Asociación de Veteranos Militares (Avemilgua) estaba reclutando afiliados en Sepur Zarco para intimidarlas. Hasta el 26 de febrero, el último día del juicio, tuvieron que soportar (en el primer día con traducción simultánea) que el abogado defensor de los militares dijera que en realidad eran prostitutas.

Hace 33 años Estilmeer Reyes Girón también era un veinteañero. Uno que soñaba con ser un ejemplo para el resto de soldados, que quería crecer dentro del ejército, que era estricto y obediente. Que estuvo primero en el destacamento militar de Petén y que luego fue trasladado a Sepur Zarco en el valle del Polochic, un terreno que recibía soldados de todo el país y donde él era el encargado. Heriberto Valdéz Asig era comisionado militar y policía municipal de tránsito, un hombre conocido en la municipalidad. Su apodo era ‘El canche’ Asig, el adjetivo guatemalteco de origen maya para referirse a los rubios, a los blancos, ‘can’ es amarillo y ‘ché’ es árbol.
Los acusados, Reyes y Asij

Estilmeer Reyes estuvo en el destacamento, fue el encargado allí, era quien daba las órdenes. Las violaciones de las mujeres ocurrían en el baño, la cocina y en la garita. El tribunal dijo que el entonces teniente coronel sabía lo que allí pasaba y que permitió la violación de todos los derechos de las mujeres bajo la acusación de que eran simpatizantes de la guerrilla. El peritaje de la antropóloga maya Irma Alicia Velásquez Nimatuj evidenció que las víctimas ni siquiera conocían qué significaba la palabra guerrilla.

Moisés Galindo, abogado de Estilmeer Reyes, tuvo una defensa clara: acusar a las víctimas de prostitutas y alegar que el caso estaba “armado” para que las organizaciones no gubernamentales que apoyaban a las víctimas obtuvieran millones de quetzales por pagos de resarcimiento económico. Para defender al exmilitar, Galindo sugirió que las mujeres pudieron prostituirse a causa de una crisis económica, y que estuvieron con los militares de forma consentida. El tribunal no lo consideró así.

Los testimonios dados entre dolor y lágrimas fueron reconocidos. Al igual que los peritajes de los expertos.

El peritaje del sociólogo Héctor Rosada le permitió al Tribunal reconocer que las violaciones de las mujeres se dieron en un contexto de despojo de tierras. Eran acusadas de tener vínculos con la guerrilla y, según Rosada, el caso Sepur Zarco era ejemplo de lo que ocurría en la región del Polochic, entre Alta Verapaz e Izabal, donde los terratenientes quería hacer crecer sus capitales y el papel del Estado por medio del ejército era primero desaparecer a los hombres, luego violar a las mujeres y despojarlas de sus propiedades.

Tres décadas después, el Estado de Guatemala, por medio de sus tribunales, reconoció y juzgó que en Sepur Zarco se produjeron violaciones sexuales y desapariciones forzadas. Las mujeres fueron obligadas a cocinar y para los soldados, y sufrieron tratos degradantes. Las que pagaron la factura más cara de la guerra fueron ellas. Su declaración y sus recuerdos fueron clave para que se recreara la historia de los abusos. “Los jueces creemos firmemente en los testimonios de las mujeres de Sepur Zarco”, indicó Barrios. “Delitos de esta naturaleza no deben volver a repetirse nunca más”, agregó la jueza.

La forma en la que Guatemala recordará su guerra ya no será igual. De hecho, después del juicio por genocidio en 2013, una encuesta de la revista ContraPoder reveló que por primera vez es mayor el número de guatemaltecos que reconoce que hubo genocidio que el que lo niega. 47% versus 33%.

Las once testigos y sobrevivientes de Sepur Zarco no estuvieron solas. Las acompañaron en el proceso la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (Conavigua), Mujeres Transformando el Mundo, la Iglesia Católica, el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (Ecap), la Alianza Rompiendo el Silencio. También la Fiscalía de Derechos Humanos durante el MP de los fiscales Amílcar Velásquez, Claudia Paz y Thelma Aldana.

Paula Barrios, directora de Mujeres Transformando el Mundo, dijo que la sentencia es un respaldo para que las mujeres denuncien la violencia sexual, sin importar el tiempo y circunstancia en que ocurrió. También dijo que solicitaran un resarcimiento para restituir a las nietas de las víctimas, para que tenga la oportunidad de alcanzar un futuro diferente al heredado por las víctimas del conflicto armado en Guatemala.

El 1 de febrero de 2015, cuando al caso se conoció, esas mujeres eran un misterio. En algún momento sus nombres se filtraron, pero su identidad siempre fue resguardada. Había un temor en el ambiente. El año empezó con las capturas de 18 militares retirados vinculados a masacres en el caso Cobán-Chixoy y por la desaparición del niño Marco Molina Theisen. Por esos hechos el MP vincula a Edgar Ovalle, uno de los dos diputados estrella del partido del presidente Jimmy Morales. Las organizaciones que apoyaban a las mujeres tenían miedo de que la polarización de la sociedad en casos del conflicto armado interno pusiera en riesgo la seguridad de las mujeres y su relación con la población actual de Sepur Zarco, donde ya sufrían discriminación. Además, temían que los vínculos del Presidente con militares retirados pudiera influir de manera negativa el caso. Nómada denunció que en enero, Avemilgua empezó a reclutar afiliados en Sepur Zarco para intimidar a las víctimas.

A finales de noviembre, Nómada entrevistó a cinco de las víctimas. Estaban seguras de su decisión de buscar justicia por las violaciones sexuales y lo que eso representa para la nueva generación de mujeres en esa zona. Buscaban que el caso se conociera para que no se volviera a repetir.

La mayoría de personas involucradas en la investigación y proceso penal por Sepur Zarco, fueron mujeres. Mujeres que rompieron la impunidad de los abusos sexuales del pasado y el presente. Dos de los tres integrantes del Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, son mujeres. Patricia Bustamante y Yassmín Barrios. Nueve de los diez miembros del equipo acusador en el caso, fueron mujeres, tanto fiscales, como abogadas de organizaciones aliadas. Una de los tres abogados defensores de Reyes Giron y Valdez Asig, era mujer, parte del Instituto de la Defensa Pública Penal. La mayoría de personas que llegó a la Sala de Vistas para conocer y escuchar del caso eran mujeres, como la nobel de la Paz Rigoberta Menchú. Mujeres empoderadas que al finalizar la audiencia se abrazaron y cantaron, como en 2013 tras el juicio por genocidio, la canción del poeta revolucionario Otto René Castillo, torturado durante la guerra: “Aquí sólo queremos ser humanos”.

El viernes 26 de febrero, cuando ingresaron las mujeres víctimas de la violencia sexual en Sepur Zarco, las personas presentes, la mayoría mujeres, se levantaron y les aplaudieron. Se sentaron en el mismo lugar donde estuvieron durante 20 días, justo detrás del Ministerio Público y las abogadas. Los visitantes de la imponente Sala de Vistas aplaudieron tan fuerte que una de las ancianas se cubrió el rostro con sus manos. Su cara ya estaba tapada con una tela de colores. Un perraje. Sólo hasta el último día del debate, les fueron colocados audífonos para escuchar las traducciones al idioma q´eqchí, de todo lo que resolviera el tribunal. Cuando el Tribunal finalizó su condena, los aplausos eran más fuertes, esta vez venían con abrazos, lágrimas, y los flashes de más de cincuenta cámaras de fotografía. Una a una empezaron a levantar las manos y agitarlas en el aire como en señal de victoria. Seguían cubriéndose el rostro.

Las once sobrevivientes

Ni Esteelmer Reyes Girón, ni Heriberto Valdez Asig vivirán lo suficiente para cumplir cada uno su condena. 120 y 240 años de cárcel por delitos contra los deberes de la humanidad, por violaciones sexuales contra mujeres q’eqchís inocentes, por el asesinato de Dominga Choc y sus dos hijas, y por la desaparición de siete hombres.

“Todas somos Sepur Zarco”, era uno de los lemas de las organizaciones y las simpatizantes con el juicio por delitos de violencia sexual. Y no está lejos de ser una realidad.

Guatemala todavía es un país en el que las mujeres no están seguras en ningún espacio. Entre enero de 2012 y febrero de 2016 hubo 5,840 violaciones sexuales denunciadas. 55 por ciento siguen en la impunidad. Pero en el caso más difícil en tribunales, el de violencia sexual durante la guerra contra 15 mujeres q’eqchís, en ése la impunidad terminó. Quince mujeres, y tantas otras de manera simbólica, dejaron los listados de víctimas para convertirse en ciudadanas con derechos.

Publicación de Nómada