Por todo el mundo los gobiernos se apresuran a lanzar un mercado internacional de créditos de carbono que se ajuste al Acuerdo de París de la ONU sobre el cambio climático. Los grandes contaminadores quieren evitar reducir sus emisiones. Los gobiernos del Sur Global esperan una nueva fuente de ingresos. Y los especuladores de la industria de la compensación de carbono necesitan una apariencia de «integridad» para sus proyectos plagados de escándalos.
La estructura de este
nuevo régimen se está construyendo a través de cada vez más acuerdos
bilaterales, los cuales socavarán las soluciones reales a la crisis climática,
aumentarán el acaparamiento de tierras y traerán más perjuicios para las
comunidades.
El tan pregonado
Acuerdo de París sobre el cambio climático, firmado en 2015, hoy parece más que
nunca un simple papel mojado. Durante una década de vigencia no ha logrado
frenar las emisiones de gases de efecto invernadero ni exigir la rendición de
cuentas por parte de las grandes corporaciones. Actualmente, su signatario más
importante, Estados Unidos, no solo se ha retirado del acuerdo, sino que su
ejército—uno de los mayores contaminadores climáticos del mundo—está reduciendo
a cenizas la cooperación internacional con total impunidad, bajo el mando de su
actual comandante en jefe.
Sin embargo, hay un
aspecto del pacto que ha tenido consecuencias importantes para las comunidades
locales. El acuerdo respaldó la idea de los mercados de carbono. Esto permite a
las corporaciones que emiten grandes cantidades de gases de efecto invernadero
comprar créditos de carbono para compensar sus emisiones en lugar de reducirlas
directamente. Al hacerlo, el Acuerdo de París desencadenó una carrera por
establecer proyectos—principalmente en el Sur Global—que puedan generar estos
créditos y venderlos a corporaciones, ubicadas mayoritariamente en el Norte
Global.
Las compensaciones de
carbono son muy controversiales. La mayoría de los créditos emitidos hasta
ahora se pueden considerar patrañas, en el sentido de que no se basan en una
reducción real de las emisiones ni en la captura de carbono[1]. Sin embargo, sí
han causado daños reales a nivel local. Comunidades enteras han sido
desalojadas de sus bosques y pastizales, han perdido tierras de cultivo debido
a las plantaciones de árboles y han sufrido graves violaciones a sus derechos,
sin obtener prácticamente ningún beneficio[2].

Hasta la fecha, casi
todos estos proyectos de compensación de carbono operan en lo que se conoce
como mercados voluntarios. En estos mercados, las corporaciones que desean
implementar proyectos dependen de unas pocas agencias privadas para certificar
sus planes y establecer las normas y metodologías que deben seguir. Los
créditos generados se venden posteriormente a corporaciones que desean
compensar sus emisiones por motivos propios, no por ninguna obligación legal.
Sin embargo, los precios que se pagan en estos mercados son muy bajos, dada la
generalizada falta de confianza, por lo que resulta difícil que este sector
pueda crecer y obtener beneficios.
Están dándose
importantes esfuerzos para cambiar todo esto.
El infame Artículo 6
El Acuerdo de París no
solo respaldó los mercados voluntarios de carbono para las corporaciones, sino
que también sentó las bases para que los gobiernos comerciaran con créditos de
carbono. El artículo 6 del acuerdo establece dos mecanismos mediante los cuales
los Estados pueden adquirir créditos de carbono para compensar sus emisiones
nacionales. El primero, el artículo 6.2, permite a los gobiernos desarrollar
mecanismos bilaterales para el intercambio de créditos de carbono entre sí. El
segundo, el artículo 6.4, establece un mecanismo centralizado, bajo la
supervisión de la ONU, mediante el cual los gobiernos pueden comprar créditos a
las corporaciones.
En la jerga de la ONU,
estos se denominan mercados de cumplimiento o mercados regulados. Esto se debe
a dos razones. La primera es que los proyectos deben estar registrados por el
país de origen y la exportación de créditos debe contabilizarse para cumplir
con las obligaciones nacionales de reducción de emisiones de dicho país. Por
ejemplo, si Indonesia vende al gobierno de Japón créditos de carbono por valor
de dos millones de toneladas procedentes de un proyecto de conservación
forestal en su territorio, no puede contabilizar esas dos millones de toneladas
como una reducción de sus propias emisiones. (Si lo hiciera, se produciría una
doble contabilización).

La segunda razón es que
las normas y metodologías que rigen estos mercados son establecidas por los
propios gobiernos. Esto puede hacerse de forma bilateral, para los proyectos
contemplados en el artículo 6.2; y también puede hacerse de forma multilateral,
con la asistencia de un grupo de expertos designado por el gobierno, para los
proyectos que se llevan a cabo en virtud del artículo 6.4.
Aunque los detalles aún
están en negociación, muchos países están avanzando con sus planes nacionales
de reducción de emisiones, que dependen del comercio de créditos de carbono. De
hecho, casi todos los 129 países que han presentado planes nacionales en el
marco del Acuerdo de París confían en utilizar créditos de carbono para
alcanzar sus objetivos[3]. A finales de 2025, la Unión Europea tomó una
decisión que la convertirá en el mayor comprador de créditos de carbono en
virtud del artículo 6.[4]
Además de esto, existen
varias iniciativas nuevas que no se rigen por el Acuerdo de París y que solo
estarán abiertas a proyectos autorizados por este artículo. Estas incluyen el
Plan de Compensación y Reducción de Carbono para la Aviación Internacional,
utilizado por las principales aerolíneas, y los planes de impuestos al
carbono—como el de Singapur—que permiten a las corporaciones comprar créditos
autorizados en por el Artículo 6 en lugar de pagar un impuesto.
Un frenesí de interés
El interés político en
todo esto es fácil de comprender. Los grandes países contaminadores,
principalmente del Norte Global, quieren comprar créditos de carbono a otros
países como una alternativa barata y menos complicada (aunque sea engañosa)
para reducir sus propias emisiones o establecer compensaciones en sus
territorios. Los gobiernos del Sur Global, por otro lado, están interesados en
obtener ganancias con la venta de créditos de carbono provenientes de proyectos
que utilizan las ricas tierras, bosques y aguas de sus poblaciones.