Cena Ecológica, parte de la pintura de Maximino Cerezo

Cena Ecológica, parte de la pintura de Maximino Cerezo
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9 de noviembre de 2017

CICIG Y OPOSITORES



CICIG y opositores, ¿dónde estamos después de dos meses de crisis?

¿Adónde han llevado a Guatemala el presidente Jimmy Morales y sus aliados en el Congreso y el sector privado desde que emprendieron la última ofensiva contra el jefe de la CICIG? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué no ha cambiado? ¿Qué va a pasar? ¿Qué elementos podrán ser determinantes?

POR Martín Rodríguez Pellecer / 23 Octubre, 2017 / OPINIÓN
Esta es una opinión
El jefe de la CICIG recibe el aplauso de pie de la audiencia en la entrega del décimo 
informe de labores de la CICIG.
Foto: Carlos Sebastián


















La premisa del ‘sistema’ era una a finales de agosto. Para salvar la presidencia de Jimmy Morales –que sería acusado por el MP y la CICIG por no declarar ningún centavo de ningún donante en la segunda vuelta de 2015 (que pudieron alcanzar los Q50 millones, $7 millones)– expulsaría al comisionado Iván Velásquez del país. Así evitaría una investigación en su contra y enviaría un mensaje a la ONU y a los países donantes de Estados Unidos y Europa: la CICIG no podría investigar a más presidentes. Ni a quien no autorice el presidente. Es decir, le pondría punto final a la independencia de la Comisión. Es decir, pondría punto final a la Comisión.

‘El sistema’ acertó y falló en el cálculo. Acertó porque dos meses después, Jimmy Morales todavía es presidente y se vislumbra que lo seguirá siendo en los próximos meses. Pero falló porque no contaba con que su decisión sería frenada por la presión de los ciudadanos, de prácticamente todos los medios periodísticos y de la Corte de Constitucionalidad, liderada por la magistrada Gloria Porras y acuerpada por Francisco de Mata Vela, María Cristina Fernández y Bonerge Mejía.

Envalentonado, ‘el sistema’ continuó con su plan. Alcanzó 104 votos de 105 que necesitaba para acabar de una vez por todas con la solicitud del MP y la CICIG de quitar la inmunidad al presidente por financiamiento electoral ilícito. Y al ver que la ciudadanía no reaccionó, Jimmy Morales, su alianza de diputados y sus antiguos opositores de la UNE, fueron más allá. Aprobaron lo que después se conoció como el Pacto de Corruptos: eliminar la responsabilidad de los políticos en el financiamiento electoral y considerar conmutables 400 delitos con penas de hasta 10 años de prisión para salvar a muchos acusados de corrupción y lavado de dinero, como muchos políticos, militares, empresarios y como el hermano y el hijo de Jimmy Morales.

Les falló el cálculo y no contaban con que la Corte de Constitucionalidad los frenaría y que reactivarían el enojo de los ciudadanos. Los encerraron durante 8 horas en el Congreso y sintieron hambre y miedo.

A esto se sumó que desde Nómada publicamos un caso de corrupción escandaloso por su descaro: Jimmy Morales, que desde que empezó su presidencia ha tenido un discurso anticorrupción, empezó a recibir un sobresueldo del ejército, de Q50 mil adicional a sus Q150 mil de sueldo, para la defensa legal de su hijo y su hermano, acusados por un caso de corrupción. Recibió Q450 mil sin ningún fundamento legal ni sujetos a impuestos. Es decir, se los robó hasta que este medio periodístico lo sacó a luz y tuvo que detenerlos.

Con el antecedente del pacto de corruptos y ese descaro presidencial, decenas de miles de ciudadanos, quizás 100 mil, manifestaron un miércoles 20 de septiembre para hacerles ver que estaban hartos y que querían que se fueran todos los corruptos.

Aquí los medios y los ciudadanos fallamos en nuestra comprensión. Fue tan grande el Paro Nacional de 2017, tan parecido al Paro Nacional de agosto de 2015, que creímos que iba a provocar que los diputados y el presidente se dieran cuenta que tenían que renunciar, como lo hizo en agosto de 2015 Otto Pérez Molina.

Pero no lo logró. Ni los diputados renunciaron, ni le quitaron la inmunidad a Jimmy ni los jueces de la Corte Suprema aprobaron que se le investigara por el sobresueldo militar.

Esto es porque el Paro Nacional de septiembre de 2017 equivale más bien al inicio de las manifestaciones de abril y mayo de 2015. No intimida lo suficiente a los políticos.

Como me dijo un político añejo, el inicio de la indignación por el bono presidencial de septiembre de 2015 es más parecida al inicio de la indignación por el caso de agua mágica para salvar el lago de Amatitlán de marzo de 2015.

Para resolver esta crisis, así están las fuerzas.

Como ocurrió en la primera mitad de 2015, los mayores beneficiados del sistema se aliaron: el presidente, los diputados, los jueces de la Corte Suprema de Justicia, los militares de inteligencia, el crimen organizado, el dueño del monopolio de los canales, los alcaldes corruptos y el sector privado en su gran mayoría.

¿Quiénes son los que piden mantener el sistema en octubre de 2017? Casi lo mismos.

2.
¿Quiénes son los que piden cambiar el sistema en octubre de 2017? Casi los mismos. El MP y la CICIG, que siguen siendo los principales actores de poder en el país. Prácticamente todos los medios periodísticos, desde los tradicionales hasta los nuevos, más unidos todavía que en 2015. La gran mayoría de los ciudadanos. La poderosa Corte de Constitucionalidad. La comunidad internacional. Y cada vez más voces de conservadores moderados.

3.
Y hay un actor que, como en 2015, es ambivalente: Estados Unidos. En 2015, si bien el embajador Todd Robinson y la Casa Blanca presionaban por reformas y financiaban el 40% de la CICIG, querían que Pérez Molina se mantuviera en su puesto hasta el 14 de enero de 2016.

Ahora, desde el Departamento de Estado (el equivalente del Ministerio de Relaciones Exteriores), si bien apoyan a la CICIG con firmeza, también quieren que Jimmy Morales se mantenga en el poder hasta el lejano 14 de enero de 2020. Pero la línea que termina ese apoyo es si Jimmy vuelve a intentar la expulsión de Iván Velásquez de la CICIG.

Para el Departamento de Estado, esa línea no debe volver a cruzarse. Para varios integrantes poderosos del Congreso y el Senado de Estados Unidos, esa línea ya se cruzó y tiene que haber consecuencias.

Pero hay un punto adicional.

Como dijo Heráclito, ninguna persona puede cruzar dos veces el mismo río. El agua del río no es la misma, ni la persona tampoco.

Entonces, si bien los actores de 2017 son los mismos que en 2015, no son los mismos. Ya experimentaron victorias y derrotas.

Derrocar a un presidente. Mantener las elecciones. Asustar a los diputados. Salvar al sistema al reelegir a la mitad de diputados y mantener a los mismos jueces. Salvar al sistema al mantener el monopolio de la televisión abierta a pesar de que su representante legal es prófuga de la justicia hace un año y medio. Salvar el control militar sobre las agencias de inteligencia y espionaje. Salvar el sistema de privilegios fiscales, laborales y ambientales. Salvar la posibilidad de desinformación.

Estar más cerca de cambiar al sistema al procesar a los grandes empresarios que financiaron la corrupción. Estar más cerca de cambiar al sistema al demandar al alcalde capitalino por su relación con la corrupción y con el capo de las cárceles. Estar más cerca de perder a su segundo presidente.

Guatemala ha aprendido a convivir con esta intensidad desde hace dos años y medio. Hace 30 meses. Y después de dos semanas sin casos nuevos de la CICIG, todos los actores parecen tener las baterías recargadas para más batallas.

El sector privado organizado pidió que se iniciara un diálogo con el presidente, los diputados y los jueces. La sociedad civil en su mayoría y la CICIG rechazaron la oferta. Uno de los intelectuales conservadores decía la semana pasada que si no hay diálogo, sea con instituciones estatales o sólo entre ciudadanos, el país se encaminará a una batalla de fuerzas.

De momento, el camino parece ser la batalla. La crisis ha llevado al país a pulsos más lentos, más difíciles, pero que sigue su curso.

Quedan muchísimos casos para que la CICIG y el MP investiguen y hagan retroceder a los aliados del sistema de impunidad y corrupción. Los jueces de la Corte Suprema tienen todavía muchos casos para frenar temporalmente los esfuerzos de la CICIG y el MP.

Los que apoyan a la CICIG y a la lucha contra la impunidad parecen haber movido una pieza que, si se desarrolla, podría asestar un duro golpe a la alianza ‘del sistema’.

Dos influyentes congresistas estadounidenses pidieron al Departamento de Estado que empiece a aplicar la Ley Magnitsky para retirar visas y congelar las cuentas bancarias de aliados en contra de la CICIG. El Departamento de Estado parece escéptico a usar todavía esa herramienta de última instancia. Pero el Congreso y el Senado pueden también saltar al Departamento de Estado y sancionar una ley con nombres y apellidos.

Si le quitaran la visa a uno solo de los grandes empresarios que apoya a la Fundación contra el terrorismo o a Jimmy Morales y su alianza del pacto de corruptos, eso podría cambiar radicalmente el balance de fuerzas en esa alianza.

No obstante, el anuncio de esa herramienta no bastará para disuadirlos. La meta del sistema es mantener la alianza hasta mayo de 2018, dentro de seis meses, para darle tiempo a sus arfiles en las universidades privadas y a Jimmy Morales para escoger al siguiente fiscal general.

Como si eso fuera a ser la salvación del sistema. En 2014, el presidente Otto Pérez Molina y sus aliados judiciales, parlamentarios y universitarios creyeron que con escoger a Thelma.
Aldana enterrarían la lucha contra la impunidad. Un año después, en abril de 2015, Aldana se convertiría en la mejor aliada de la CICIG.

En Guatemala, desde hace 30 meses y hasta este 23 de octubre de 2017, la CICIG es la que marca los tiempos. Y con la alianza que la respalda en Washington, Europa y especialmente en Guatemala, parece que los seguirá marcando.

Eso sí, hay un elemento importante. No los marca sólo porque tiene una alianza que la respalda que tiene mucha fuerza. También es por tres elementos: su independencia, el rigor en sus investigaciones y la legitimidad de la lucha contra la corrupción y la impunidad en una democracia que todavía no funciona.