Cena Ecológica, parte de la pintura de Maximino Cerezo

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22 de junio de 2018

ANÁLISIS DE LA CORRUPCIÓN, SALVADOR PAIZ

Salvador Paiz, el privilegio, el ejemplo y la reforma a la ley electoral
En momentos en los que la alianza gubernamental quiere manipular una orden de la Corte para revivir el Pacto de Corruptos, la postura de Paiz es esperanzadora.

Por Martín Rodríguez Pellecer
Nómada, Opinión

Mis papás me enseñaron desde pequeño que uno tiene que ser responsable por sus actos, algo bastante humano. Bastante humano y que todavía no es del todo guatemalteco.

Responsabilidad sobre los actos es lo opuesto a la impunidad.

Por eso me parece que cuando en Guatemala nos inventamos una Comisión Internacional Contra la Impunidad, dimos en el clavo para resolver uno de nuestros grandes problemas individuales y sociales: la irresponsabilidad. Por eso es que nuestro experimento llamado CICIG está produciendo cambios que todavía no magnificamos, en las actuales y las próximas generaciones.

Nuestra sociedad ha estado construida sobre la colonia, el esclavismo cafetalero, las dictaduras desde Estrada Cabrera hasta Ríos Montt para mantener esa desigualdad y una democracia de papel en la que ‘todos somos iguales pero hay unos que somos más iguales que otros’, como diría el buen Orwell.

Es decir, Guatemala está construida sobre el privilegio. Los privilegios que se nos conceden gratuitamente a los hombres, a los blancos y a los mestizos, a los burgueses y a los pequeño-burgueses, a los urbanos.


Algunos de ustedes, apreciados lectores privilegiados que me acompañan en este texto, podrán pensar: ‘yo qué culpa tengo de estos privilegios’. Y ciertamente no es una culpa la que deberíamos sentir, sino una responsabilidad.

En una democracia como la nuestra, con un Estado tan pequeño y cooptado, los actores políticos afuera del Estado tenemos mucho peso. Y por eso todas las personas que tenemos capacidad de influir en la sociedad, y usamos esa capacidad, tenemos responsabilidades públicas. Seamos periodistas, empresarios, activistas o presidentes del comité de vecinos.

Perdonen por este largo contexto, pero lo traigo para situar el momento que estamos viviendo.

La CICIG y el MP de Claudia Paz y Thelma Aldana lograron algo impensable en 1524, 1871, 1954 o antes del cambio de baqtún en 2012: que las personas con más poder en Guatemala fueran responsables de sus actos. En especial sus actos que riñen con la ley.

Esto, que se dice fácil, es algo casi imposible en sociedades tan desiguales, postcoloniales. Por eso nos ven con tanto asombro y admiración en la ONU, en México, Colombia, Centroamérica, Estados Unidos y otros lugares del mundo.

Algo clave en esta lucha contra la impunidad, para que podamos desterrarla como cultura institucional, es acabar con su financiamiento. Contra el financiamiento de las estructuras que procuran impunidad en Guatemala.

La CICIG y el MP encontraron dos vías principales de ese financiamiento desde 2015: el contrabando aduanero y el financiamiento electoral ilícito. Gracias a estas dos fuentes de dinero, los gobernantes han tenido fondos suficientes, por ejemplo, para colocar o comprar jueces y así garantizarse ser irresponsables por sus actos corruptos; es decir, para garantizarse impunidad.

Como nuestros políticos actuales son en su mayoría unos corruptos, cuando sintieron que el agua les llegaba al cuello por las investigaciones de la CICIG y el MP, decidieron aprobar dos leyes en septiembre de 2017, una para que delitos relacionados a la corrupción (y otros 400 delitos) ya no tuvieran prisión obligatoria, y que la no-declaración del financiamiento electoral fuera responsabilidad no de los políticos y los financistas sino de los contadores y auditores de los partidos; una vileza.

Los ciudadanos y la Corte de Constitucionalidad frenamos ese intento de impunidad y los medios lo bautizamos como el Pacto de Corruptos.

En estos seis meses desde entonces ha pasado mucha agua bajo el puente. Muchos de los que en algún momento financiaron ilegalmente a los políticos han hecho cabildeo para que se eliminara el delito que les imputan, el de financiamiento electoral anónimo, y casi lo logran en la Corte de Constitucionalidad, que resolvió que el Congreso debía reformar el artículo 407 N básicamente para que las penas por este delito fueran proporcionales y no iguales a la de financiamiento electoral ilegal proveniente de crimen organizado.

Está bien; esa proporcionalidad es comprensible.

Pero el Congreso de Arzú Escobar, Felipao Alejos, la tropa de Jimmy Morales y Hernández Azmitia quiere aprovecharse de esta orden de la CC y de una vez anular todo el delito de financiamiento electoral ilícito.

En medio de este debate en el Congreso, que el martes debería llegar a su punto final y decidirse si se aprueba en tercera lectura o se frena, hay una batalla paralela.

Una batalla en el MP y en Tribunales con uno de los casos más importantes de financiamiento electoral ilícito, el de grandes empresarios que financiaron de manera ilegal la campaña del ahora presidente Jimmy Morales y FCN en 2015. La CICIG y el MP cuentan con suficientes evidencias en el caso: cheques, emails, facturas, declaraciones de participantes en el hecho, muchísimo.

El caso está en parte todavía en el MP porque la fiscal Consuelo Porras lleva ya un mes y no ha decidido si validará las pruebas que recabaron la CICIG y el MP para pedir que se retire la inmunidad a Jimmy Morales por esconder Q15 millones de financiamiento electoral ilícito. Esperamos la fiscal Porras se decida pronto porque llevamos 10 años en los que los guatemaltecos no toleramos que se retrasen maliciosamente los casos desde la Fiscalía General por proteger a un poderoso.

Y el caso está en tribunales. La CICIG y el MP acusan a cinco grandes empresairos. Se trata de Felipe Bosch, Guillermo Castillo, Fraterno Vila, José Miguel Torrebiarte y Salvador Paiz. Los cinco pertenecen a las quince corporaciones familiares más grandes del país. Y los cinco han sido han sido personas comprometidas con la vida cívica del país y han dedicado muchas horas y mucha energía para aportar desde sus convicciones a la vida democrática y al fortalecimiento de las instituciones guatemaltecas. Entre ellos suman un ministro de Economía y embajador de Guatemala ante Estados Unidos, un directivo de Asazgua y del Cacif, un candidato vicepresidencial de Álvaro Arzú, un presidente de Fundesa, un presidente del Enade, un presidente de una fundación educativa.

Todos ofrecieron disculpas públicamente tras haber sido mencionados en este caso de financiamiento electoral ilícito a FCN y han colaborado con dar más información al MP y a la CICIG.

Pero el día de la primera audiencia ante la prestigiosa jueza Ericka Aifán hubo una sorpresa. Cuatro de los cinco rebatieron la acusación y sus abogados dijeron que consideran que sus clientes no cometieron un delito. Es decir, no aceptaron los cargos del MP y la CICIG, por lo que parece que prefieren disputarlo en un litigio que puede tomar mucho tiempo. Quizás que dure tanto tiempo como para que los diputados se decidan a cambiar la ley para que el financiamiento electoral ilegal de 2011 y 2015 quede en la impunidad.

Y quisiera dejar en claro que no estoy sugiriendo nada porque no tengo ninguna evidencia de peticiones de empresarios a diputados para cambiar la ley justo ahora que ellos y el presidente y varios diputados están por enfrentar juicios por este delito. Pero así como Trump no debería siquiera mencionar a Rusia en la reunión de G-7 porque está siendo investigado por el fiscal Robert Müller por una posible colusión con Rusia en la campaña electoral estadounidense, es incomprensible que estos cuatro empresarios hayan hecho caso a sus abogados, reculen sobre su petición de perdón y aceptación de cargos, y ahora empiecen un proceso muy largo para defenderse.

Es incomprensible porque estaban haciendo las cosas bien. Aunque me parece que el financiamiento ilícito hay que juzgarlo y escribí que ellos fallaron y deberían retirarse cinco años de la vida pública, estaban dando pasos en la dirección correcta: Colaboraron con la CICIG y el MP, dieron la cara, ofrecieron disculpas, asistieron a la última actividad de la Fiscal Thelma Aldana, cedieron sus puestos de liderazgo en Fundesa y luego púm. Ojalá que recapaciten.

Hubo una excepción en esa primera audiencia. Salvador Paiz sí aceptó los cargos y ofreció colaborar con la justicia. Como unos meses antes lo hizo su prima Paulina Paiz.

Salvador Paiz es el presidente de Funsepa y ha sido vicepresidente de Fundesa. Ha tenido posiciones que no comparto y he sido muy crítico con él, y viceversa, él ha sido crítico conmigo. Pero esta vez estoy sorprendido de su entereza para mantenerse en su postura a pesar de que sus cuatro colegas empresarios y amigos hayan dado un paso al costado.

Frente a la jueza dijo esto:

– Desde octubre de 2017 he colaborado con el MP y la CICIG. Reconozco los hechos que hago constar ante una declaración reciente ante el MP. Mantengo la actitud de colaboración que he mantenido hasta este momento de requerirse cualquier apoyo adicional que se requiera de mi parte.

Su abogado complementó:

– Sin que implique coartar el derecho de defensa del señor Salvador Paiz del Carmen, con el ánimo contribuir al esclarecimiento de la verdad y reiterando la promesa hecha de continuar colaborando con la presente investigación, esta representación estima conveniente que la señora juez tome en consideración las situaciones extenuantes en que se dieron los hechos, los cuales fueron señalados con anterioridad. Si a su juicio, luego de analizar profundamente todas las circunstancias extenuantes que ocurrieron en el proceso electoral 2015, decide ligar a proceso a mi patrocinado, esta representación no se opondría y respetará su decisión.

Esta actitud ante la justicia me parece un ejemplo no solo para el resto de empresarios acusados por el MP y la CICIG sino para los políticos que intentan aprobar una amnistía en el Congreso y para los jueces que tendrán que decidir si detienen la amnistía como lo hicieron en septiembre de 2017 o si esta vez sí la permiten.

Esto es clave para la Guatemala que estamos construyendo y que debimos construir hace muchos años: una en la que todos los ciudadanos seamos responsables de nuestros actos.

¿Qué hubiera pasado si el hijo y el hermano del presidente Jimmy Morales hubieran hecho eso en 2016? Frente a las cámaras reconocieron que habían cometido un delito (porque además los agarraron con todas las evidencias), pero frente al juez lo negaron y empezaron una campaña de boicot a la CICIG y al MP. ¿Se recordará Jimmy Morales de esos tiempos en los que tenía muchísimo más que su magro 15% de popularidad actual? ¿Esos tiempos en los que tenía al menos a Rivas bajando la delincuencia, a Quique Godoy peleando contra mafias en los puertos, a Foppa luchando contra mafias en la SAT, a Lucrecia Mack implementando el Modelo Intercultural en Salud?

Pero qué le vamos a hacer. Las personas somos lo que decidimos.

Le pregunté a Salvador Paiz si le pediría a los diputados que recapaciten y den marcha atrás en su plan de eliminar los delitos del 407N y quitarse responsabilidad.

Esto me respondió:

– Yo he dado un paso al frente con la verdad y con los hechos que me constan. Quisiera ser muy respetuoso ante el proceso legal que estoy afrontando, por lo que debo de abstenerme de opinar. Confío en que se cumpla a cabalidad con la exhortativa de la CC de reformar el segundo párrafo del artículo 407N, y que todo este aprendizaje nos lleve hacia un proceso renovado de elecciones en 2019, garantizando elecciones transparentes, fortaleciendo así nuestra democracia.

En este editorial periodístico, yo tampoco daré una recomendación a la alianza gubernamental en el Congreso.

Solo quisiera recordarles que las personas no somos nuestros orígenes o lo que se espera que hagamos o solo nuestro pasado. Las personas somos lo que decidimos. Y tenemos que ser responsables sobre lo que hacemos.


Por Martín Rodríguez Pellecer
Nómada, Opinión