Cena Ecológica, parte de la pintura de Maximino Cerezo arreglo: Ana Isabel Pérez y Martín Valmaseda

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4 de agosto de 2017

Cosas que todo guatemalteco honrado y responsable debería saber

El terremoto de Sinibaldi, Claro, Tigo, sonora y “cmi”














En tres días, el equilibrio de poderes económicos en Guatemala se trastocó. Cuatro de las empresas más grandes y poderosas entraron en problemas con la justicia o en enfrentamiento directo entre ellas. Es muy complejo. Éste es un resumen de por qué puede cambiar el futuro inmediato de la economía y de la política del país. Y claro, de la captura del Estado.

1. Claro y su confesión del financiamiento ilegal de Q15 millones

La CICIG y el MP descubrieron en 2016 que Claro estaba entre las empresas que habían dado financiamiento electoral ilegal al Partido Patriota por medio de las empresas creadas por el binomio de Roxana Baldetti y Otto Pérez Molina. Entonces, el CEO de Claro, Julio Carlos Porras Zadik, fue a la CICIG y confesó que no sólo había financiado ilegalmente a esa estructura del PP, sino también a la de Alejandro Sinibaldi por intermediación del asesor del partido y exembajador ante Washington de Pérez Molina, Julio Ligorría. Y contó a detalle cómo funcionaron estos pagos ilegales.

Por esta colaboración eficaz con la justicia, fue condenado con una pena reducida.

Porras Zadik confesó y denunció que el argumento del intermediario Ligorría era que si querían resolver las disputas que tenían con Tigo en el Ministerio de Comunicaciones, debían aportar Q15 millones a Sinibaldi para igualar los aportes de Tigo y, además, arreglar una reunión entre el dueño de Claro –el mexicano Carlos Slim–, Otto Pérez y Roxana Baldetti.

Recordó que Tigo había salido victorioso de las demandas multimillonarias contra Claro. Estas fueron en tiempos de la UNE, de Álvaro Colom y de Gustavo Alejos –quien nombraba a los ministros de Comunicaciones–.

Sinibaldi y Ligorría están prófugos por este caso. Y me parece increíble que no podamos capturarlos. Hay un registro del último aeropuerto que usaron. Con sus pasaportes guatemaltecos o italiano. Sólo es de revisar en qué país fue y a partir de ahí seguir la búsqueda. No es tan complicado. Y que rindan cuentas ante la justicia con juicios transparentes y (ojalá) mucho más ágiles que los actuales. ¿Aló Cancillería, Gobernación y MP?
2. La investigación de la CICIG contra Tigo, la UNE ¿y Carlos Slim?

Entonces ahora vendrá una investigación más por parte del MP y la CICIG: ¿Financió Tigo ilegalmente con Q15 millones a Sinibaldi? ¿Habrá dado dinero a alguien en el gobierno de la UNE para ganar esas disputas en el ministerio de Comunicaciones?

Pero también debería abrirse otra. Me parece que debería investigarse si Carlos Slim estuvo al tanto del pago ilegal de US$2 millones para resolver la disputa con Tigo. Y también, que parte del acuerdo era que se tomara una foto con Pérez Molina y Baldetti.

Como en Guatemala y en América Latina la justicia empieza a funcionar, incluso contra los más poderosos, no sería imposible que alcance al más fuerte de todos los latinoamericanos, don Carlos Slim.
3. ¿Debería investigarse la concesión de las frecuencias de teléfono?

Tigo tiene más o menos el 43% del mercado y Claro, el 33%.

El Estado de Guatemala les concedió las frecuencias (gratis, si mal no recuerdo) y ellos hacen muchísimo dinero por el servicio que prestan –aunque la Superintendencia de Telecomunicaciones no tiene capacidad, o voluntad, para fiscalizar si pagan los impuestos que deberían–.

Ahora sabemos dos cosas. Una es que usan el dinero que hacen de las frecuencias para financiar ilegalmente a candidatos. Y que lo hacen como si fueran facturas por operaciones normales de la empresa (que debería revisar la SAT).

Los rusos interfirieron en las elecciones estadounidenses para que ganara Donald Trump y miren el escándalo.

Empresas gigantes interfirieron en las elecciones guatemaltecas con financiamiento ilegal y lograron que el Partido Patriota llegara al Gobierno. Y el PP era una máquina de robar que desfalcó al Estado. ¿No debería revisarse y hacerse nuevos contratos? ¿O cambiarse alguna ley que diga que si una empresa a la que le confiamos una frecuencia interfiere en política con sobornos, pues pierde la frecuencia? ¿O hacer nuevas reglas para otorgar la del 4G?

Es grave cómo jugaron con nuestra democracia.

Y por cierto: la SAT también debería revisar si Claro estafó al fisco y declaró esos Q15 millones como gastos deducibles del Impuesto Sobre la Renta. Y debería multárseles.
4. La otra gran disputa de gigantes: Sonora versus “CMI”

Dos días antes de que esto pasara, ocurrió otra declaratoria de guerra. Radio Sonora, propiedad de Ángel González, lanzó una mentira en contra de “Corporación Multi Inversiones”. Lo entrecomillo porque no mencionó el nombre, pero dio todas sus descripciones.

El director de la radio, Arnulfo Guzmán –que pasará a los anales del no-periodismo y ojalá de la justicia, porque promovió un linchamiento en vivo en la radio– y el conductor Luis Pellecer dijeron en un programa la siguiente noticia falsa:

Una corporación de pollo, avícola, de infraestructura, de hidroeléctricas en las Verapaces y que tiene la tercera telefónica en el mercado dio Q30 millones a Codeca para bloquear las carreteras del país para sacar del gobierno a Jimmy Morales.

Corporación Multi Inversiones es la única corporación que tiene empresas de pollo, avícola, infraestructura e hidroeléctricas en las Verapaces.

Recordemos que Sonora y el monopolio de la televisión abierta no son medios periodísticos, sino de entretenimiento y de manipulación política. Recordemos cómo disfrazaban de noticia anuncios de Manuel Baldizón o Jimmy Morales en 2015.

Entonces lanzar un ataque con una difamación de este tamaño sólo podía venir por orden del dueño, Ángel González.

Y todo viene por una decisión ética en la que tuvo que ver un miembro de la Corporación Multi Inversiones (CMI), uno que es muy influyente y es uno de los patrocinadores principales de Fundesa y del Encuentro Nacional de Empresarios (Enade).

Hace un año, Nómada fue el único medio que cuestionó a Fundesa y al Enade por la incoherencia de promover la transparencia y tener como aliado a una corporación como la de Ángel González. Canal 3 era uno de sus patrocinadores principales, a pesar de los señalamientos de financiamiento ilícito que hicieron el MP y la CICIG. Estos motivaron, a su vez, que la representante legal, Alba Lorenzana, la esposa de González, huyera.

El director ejecutivo de Fundesa defendió la decisión de incluir a Albavisión como patrocinador. Aquí, la entrevista de 2016: “No somos quién para juzgar a Canal 3”.

Para este año, Fundesa y el Enade decidieron vetar la participación de Canal 3 como sponsor. Lo hicieron de una manera sofisticada. Le pidieron a la Universidad del Istmo un manual de ética, y este dice que no deberían de aceptar como patrocinadores a empresas con representantes legales prófugos.

Eso me dijeron dos personas que vieron el manual que Fundesa hará público  hasta dentro de un año. ¿Será una excusa para que después no vayan a tener que retirar a otras empresas patrocinadoras que puedan tener a representantes prófugos?

De cualquier manera, es una decisión acertada que les costó un año tomar, pero que hicieron. Esta realmente podría desestabilizar el monopolio de Ángel González. Y la respuesta de Ángel González fue lanzar esa campaña negra contra CMI, pues el presidente de Fundesa es Felipe Bosch, parte de la familia propietaria de CMI.

¿Servirá esto de acicate para que el timorato gobierno de Jimmy Morales también se distancie de su antiguo patrón, Ángel González? ¿Para que la PGN le quite las concesiones utilizadas para interferir directamente con sobornos en la democracia guatemalteca?

¿Para que las otras grandes empresas del país vean que su ‘aliado-cliente’ de Canal 3 puede lanzarles campañas negras si un día deciden dejar de hacer negocios con él?

Un declaratoria de guerra contra la corporación más poderosa del país no es gratuita. Quizás Ángel González sabe que su salida del club de Fundesa y el Enade puede ser el principio del fin.
Los dos terremotos afectan a cuatro megaempresas del país, gigantes económicas y políticas.

Y no sabemos cómo será el futuro, sólo que será mejor