Patricia Orantes dejó el cargo de Ministra de Ambiente el pasado 1 de septiembre y se integró como diputada de la facción legislativa Raíces. Este grupo de legisladores, electos inicialmente por Semilla, se distanció del presidente Bernardo Arévalo y lo ha cuestionado en distintas coyunturas políticas.
Orantes asume la tarea de promover la aprobación de la Ley de Aguas, cuya elaboración por parte del Ejecutivo tardó dos años, tras consultas con distintos sectores a nivel nacional.
En entrevista con Plaza Pública, presume haber dejado un ministerio libre de injerencias de actores económicos, señala los puntos rojos que no está dispuesta a cruzar a cambio de alianzas y detalla cómo su grupo legislativo pretende construir una mayoría de 81 votos en un hemiciclo fragmentado y con un historial de resoluciones constitucionales adversas a iniciativas ambientales.
—Usted estuvo frente al ministerio alrededor de dos años ¿Con qué capacidades deja a la cartera para controlar situaciones como la contaminación de aguas o la sobreexplotación de recursos en materia ambiental?
—Una de las cosas más importantes es que estamos dejando al ministerio autónomo de los poderes fácticos, que estaban metidos controlándolo. Estamos hablando de poderes económicos, poderes políticos y criminales que estaban manipulando las decisiones. Es muy importante saber que, ahora, el Ministerio ha retomado su autonomía y las decisiones se toman de acuerdo a la ley, a la normativa ambiental y a la política pública, libres de presiones políticas y económicas indebidas.
Ahora voy a su pregunta. Primero, pusimos el tema de las aguas, que estaba ahí tirado, en la gente; todo el mundo preocupándose, angustiado, sufriendo por la contaminación, la escasez, las injusticias, y nadie ponía el tema sobre la mesa.
Los gobiernos municipales tienen tres grandes competencias que tienen un impacto feroz sobre la mala calidad actual de nuestros ríos y lagos, y no las están cumpliendo: recolectar y gestionar correctamente la basura, tratar las aguas residuales y el suministro de agua a la población. Dos de las principales causas de contaminación de las aguas están en manos municipales.
Los gobiernos municipales tienen tres grandes competencias que tienen un impacto feroz sobre la mala calidad actual de nuestros ríos y lagos, y no las están cumpliendo.
En el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural tuvimos una batalla política y la ganamos. Dejamos una tendencia de alrededor del 100 por ciento de crecimiento en la inversión en tratamiento de aguas y en manejo. En el tema de desechos, dejamos una conciencia clara de que lo que tenemos no sirve y hay que modificarlo. El 60 por ciento de los desechos sólidos provienen de procesos productivos de las empresas. Empezamos una iniciativa de ley que, por primera vez, va a poner la responsabilidad extendida al productor. Guatemala se había negado a hablar de eso.
—¿Puede ampliar cuáles son esos poderes fácticos económicos y de qué forma operaban en el ministerio?
Hay historiales de licencias que nunca se debieron dar, decisiones que no se debieron haber tomado. Básicamente tenían al ministerio haciendo lo que los poderes económicos indebidos –porque no son todos– querían que hicieran, a conveniencia de intereses particulares.
—¿Pero por qué tipo de proyectos llamaban?
Le voy a ser sincera,
yo no recibí presiones directamente porque nunca se atrevieron, pero sí había
línea directa indebida entre servidores públicos y actores políticos y
económicos donde llamaban por teléfono, se reunían y amarraban el tamal.
Los proyectos donde más corrupción encontramos, lastimosamente, están vinculados a minería metálica. En una reunión con el sector minero, muy bien organizada, me paré y les dije: «Miren, vamos a hablar sobre el elefante que hay aquí en el cuarto. El elefante que hay en el cuarto es que de las 21 licencias que hemos cancelado con denuncias de corrupción en el Ministerio Público, 12 son de minería». Y bueno, creo que se mandó un mensaje muy claro.
