Cádiz a 10 de abril de 2024
Estas líneas en forma
de noticia que traemos hoy a nuestro Círculo de Silencio tienen horas contadas,
y es que ayer por la tarde, en el pleno del Congreso se aprobó con el
apoyo del PSOE, sus socios parlamentarios y el Partido Popular, la toma en
consideración de la iniciativa legislativa popular (ILP) para la regularización
extraordinaria de alrededor de 500.000 extranjeros que residen en España, una
propuesta respaldada por 611.821 firmas.
La iniciativa popular,
liderada por los propios inmigrantes a través de la plataforma “Regularización
Ya”, llega al Congreso gracias a casi 612.000 firmas que se han recogido (la
ley requiere al menos medio millón) y el apoyo de 906 organizaciones, entre
las que se encuentra la Fundación Centro Tierra de Todos y la Asociación
Cardijn. La petición ha unido en la misma causa a entidades tan dispares como
ayuntamientos, asociaciones de prostitutas, la Conferencia Episcopal española o
la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
La petición es que se
modifique una disposición transitoria de la ley de extranjería, que ya se usó para
otra regularización extraordinaria en el año 2000, con el Gobierno del P.P. en
la presidencia.
La demanda es que en el
nuevo texto se lea textualmente: “Se establecerá, en el plazo de seis meses,
un procedimiento para la regularización de los extranjeros que se encuentren en
territorio español antes del día 1 de noviembre de 2021″. Los promotores de
esta iniciativa calculan que la medida beneficiaría a entre 390.000 y 470.000 personas,
la mayoría de América Latina.
En la historia de la democracia española se han aprobado nueve regularizaciones de extranjeros, cinco impulsadas por el Partido Popular y cuatro por el Partido Socialista. La última fue en 2005, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero facilitó los papeles a 600.000 trabajadores no comunitarios.
Con esta medida se
garantizará el adecuado acceso a la justicia, a la salud, a la educación y a una
vivienda digna. Hay que recordar que una de cada tres personas extranjeras está
en riesgo de exclusión social severa, una proporción tres veces más alta que la
de los nacionales.
Hay también argumentos
económicos. La fundación “Por Causa” calculó que la contribución de los extranjeros
regularizados supondría a las arcas del estado un beneficio acumulado neto de
entre 790 y 950 millones de euros por año. Dicho de otro modo, se calcula que
cada inmigrante regularizado aportaría al estado unos 3.250 € NETOS por persona
y año.
Bueno, esto es solo un
primer paso y el camino es largo. La iniciativa aprobada volverá a la Comisión
de Migraciones para que los grupos presenten sus enmiendas, que se votarán en
el Congreso y después en el Senado, dos meses para todo ello si hay buena
voluntad. Así, tendríamos nueva ley entre septiembre y diciembre. Si sale adelante
será un hito. Desde que se aprobó la Constitución, solo 12 de las 179
iniciativas presentadas terminaron su tramitación parlamentaria tal y como se
proyectaron.
Amigos, comienza
nuestro TIEMPO DE SILENCIO.
MESA
DIOCESANA DE ATENCION Y ACOGIDA DE MIGRANTES Y REFUGIADOS DE CÁDIZ Y CEUTA.
Colaboración de Juan García de Paredes.
