Megaproyecto y derechos
de comunidades indígenas: el PHDiquis
Si bien el Instituto
Costarricense de Electricidad (ICE) anunció en el 2018 que "cierra"
el PHDiquis (véase nota del Semanario Universidad), nunca se procedió a realizar
ninguna consulta a las comunidades indígenas impactadas por este megaproyecto.
Tampoco se registra un reconocimiento público de responsabilidad del Estado por
irrespeto a los derechos de comunidades indígenas. El hecho que el ICE haya
desistido de este proyecto por razones ajenas a la reinvidicaciones de las
poblaciones indígenas no significa que en años previos al 2018 no se haya
causado un daño a estas comunidades, al entorno natural en el que se inscribe
su cultura, al valor espiritual que para ellas poseen algunos espacios
naturales, los cuales pueden ahora entrar a ser valorados por la CIDH.
El derecho a la tierra
de las comunidades indígenas ante un Estado inoperante
También es menester
señalar que la inacción del Estado costarricense en materia de demarcación de
territorios indígenas, y la invasión de personas no indígenas en ellos ha
llevado a las mismas comunidades indígenas a proceder a la recuperación de
territorios indígenas. En esta nota de prensa reciente titulada "Guerreras
indígenas" (Semanario Universidad, edición del 14/07/2020), se lee que:
"De los
veinticuatro territorios indígenas que hay en Costa Rica, se estima que el 40%
de la tierra está en manos de no indígenas, según el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo".
El clima de violencia
que se vive en la región de Salitre es particularmente grave: en menos de 12
meses, dos líderes indígenas de Salitre fueron asesinados, sin que a la fecha
las autoridades hayan logrado identificar a los autores de estos hechos,
motivando recientemente a varios relatores de Naciones Unidas a alzar la voz
ante el clima de impunidad campante en Salitre (véase al respecto nuestra breve
nota titulada "El reciente llamado de mecanismos de derechos humanos de
Naciones Unidas señalando la impunidad campante con relación a asesinatos de
líderes indígenas en Costa Rica: breves apuntes").
Con relación al
asesinato de Sergio Rojas ocurrido el 18 de marzo del 2019, habíamos tenido la
ocasión de examinar las cartas hechas públicas por Naciones Unidas con respecto
a los requerimientos específicos solicitados a las autoridades costarricenses
sobre el asesinato de Sergio Rojas (véase nuestra nota al respecto publicado en
el portal de la Universidad de Costa Rica - UCR).
Varios de estos
requerimientos de Naciones Unidas, hechos en marzo del 2019, buscaban que
hechos similares no se repitieran más en Costa Rica (véase documento de
Naciones Unidas, página 5, y cuya lectura completa recomendamos). El 24 de
febrero del 2020 fue asesinado otro líder indígena en Salitre, Jerhy Rivera.
Recientemente, se
informó de acciones de recuperación de tierras llevadas a cabo por integrantes
de la comunidad indígena Maleku en la Zona Norte de Costa Rica (véase nota de
CRHoy titulada "Ante inacción del Gobierno, puebo indígena Malekú inicia
recuperación de tierras", edición del 10/07/2020): sería deseable que las
autoridades costarricenses tomen acciones para prevenir cualquier acción
violenta contra los representantes de estas comunidades Malekus. En efecto, un
nuevo acto violento podría dar lugar a un nuevo llamado de atención por parte
de entidades internacionales que monitorean la situación de las poblaciones
indígenas en Costa Rica.
A modo de conclusión
Admitida la petición de
los representantes de la comunidad indígena Terraba (denominada Teribe por la
CIDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos procederá en adelante a
examinar los diversos aspectos de fondo presentados por las víctimas: en esta
etapa, deberá también convocar al Estado costarricense y escuchar sus alegatos,
antes de decidirse.
De considerar que estos
aspectos de fondo ameritan ser trasladados a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, o que las garantías dadas por el Estado son insuficientes, es
factible que sea este tribunal el que ordene, en una futura sentencia al Estado
costarricense, remediar de manera urgente la situación de irrespeto a sus
derechos, de indefensión de sus líderes y de despojo de sus recursos que denuncian
desde varios años diversas comunidades indígenas en Costa Rica y algunas
organizaciones sociales.
