11 DE JUNIO DE 2025.
Comenzamos
nuestro círculo de Silencio desempolvando la ILP, que son las siglas de la
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR, que propone la tramitación para regularizar de
forma extraordinaria a los extranjeros que se encuentran en situación irregular
en España. Esta iniciativa, refrendada por 612.000 firmas y más de 900
organizaciones sociales, permanecía estancada en el Congreso desde que empezó
su tramitación en abril de 2024 con los votos de todos los partidos de esa
Cámara a excepción de Vox. Si sale adelante, será la séptima gran
regularización desde 1986 y la primera desde 2005.
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El gobierno
quiere acelerar el proceso. El 20 de mayo del presente año, seis meses después
de su publicación en el BOE, entró en vigor un nuevo Reglamento de Extranjería. Unas nuevas condiciones que en principio
vienen a mejorar las condiciones para la regularidad documental, y por
consiguiente, un avance para la mayoría de los extranjeros residentes en
España. El Gobierno apostaba por este reglamento para facilitar el paso de
decenas de miles de inmigrantes hacia la integración legal en la sociedad. Sin
embargo, no fue tan benévola para otros tantos miles de personas migrantes,
especialmente solicitantes de asilo, cuyas solicitudes están siendo rechazadas.
Así pues, el interés por agilizar la iniciativa legislativa popular es que la
regularización extraordinaria sirva para rescatar los casos en los que el nuevo
Reglamento resulta perjudicial.
Son tiempos
difíciles para las personas migrantes, por la ola de racismo y xenofobia que
algunos partidos políticos populistas intentan inocular, y a pesar de todo se
apuesta por la regularización extraordinaria de alrededor de 400.000 personas,
todas aquellas que llegaron a España antes de 2025.
Esta pretendida
regularización extraordinaria no es más que una respuesta a una necesidad
expresada desde todos los ámbitos de la sociedad: organizaciones patronales,
sindicatos, ONG o la Conferencia Episcopal. Pesa también el ejemplo de la
regularización extraordinaria de los extranjeros afectados por la Dana de
Valencia, que, pese a sus dificultades de aplicación, supone un éxito social
sin demasiada contestación política.
Además de tratarse de proteger por ley la dignidad y los derechos de miles de personas, la iniciativa tiene una vertiente claramente pragmática: la realidad es que la economía española sigue necesitando la inmigración para mantener su ritmo de crecimiento. Según un reciente estudio del Banco Central Europeo, el 80% del incremento del PIB de los últimos cinco años en España ha sido impulsado por los trabajadores venidos de fuera. Es una constatación que, sin duda ha pesado mucho a la hora de impulsar la tramitación de la ILP, por mucho que los vientos que soplan en Bruselas vayan en dirección contraria.
España no es
inmune a la retórica ultra que rechaza la inmigración por considerarla, sin que
lo avale dato alguno, una amenaza. Pero corresponde a los gobiernos, en todos
los países, responder con los hechos y trabajar por contrarrestar las
percepciones falsas. La aportación humana y económica de la comunidad
inmigrante en España es netamente positiva. Como sociedad y como Estado,
reconocer legalmente esa contribución es, sencillamente, un deber.
Supondría la
salida a la luz de innumerables trabajos que ahora desarrollan las personas
migrantes en economía sumergida, y que vendrían a sumar a las arcas de la
Seguridad Social, para pagar las pensiones de una sociedad española envejecida. La cotización de estas personas es la
esperanza para seguir manteniendo el estado de bienestar, sustentado
fundamentalmente por la salud, la educación y las pensiones.
Por otro lado, no queremos terminar sin recordar que
el 24 de junio de 2022 alrededor 2.000 personas, en su mayoría de origen
sudanés, trataron de cruzar la frontera entre España y Marruecos por el puesto
fronterizo de Barrio Chino, en un intento desesperado por huir de las guerras y
la hambruna que en aquellos tiempos y ahora se estaban produciendo en sus país.
Tras la intervención de las fuerzas policiales a ambos lados de la frontera al
menos 37 personas fallecieron y el número de desaparecidas sería al menos 76.
La policía española devolvió al menos a 470 personas
de forma sumaria y sin garantías a Marruecos, como acredita la investigación
del Defensor del Pueblo. Durante horas, cientos de personas heridas
permanecieron en el puesto fronterizo, sin recibir ningún tipo de asistencia
sanitaria, y a pesar de que al menos una ambulancia de Cruz Roja estaba en la
zona, no se requirió que interviniese. En el lado marroquí, las ambulancias no
llegaron hasta dos horas después de todo lo sucedido. Algunas de las personas
heridas permanecieron allí hasta 10 horas sin recibir ningún tipo de atención
médica o sanitaria.
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Posteriormente, alrededor de 500 personas fueron trasladadas en autobuses a zonas remotas de Marruecos, donde las despojaron de sus posesiones y las abandonaron al borde de la carretera sin atención médica. Algunas de ellas habrían sido trasladadas por la fuerza a más de 1.000 kilómetros de la frontera.
Amigos, comienza nuestro TIEMPO DE SILENCIO.
MESA
DIOCESANA DE ATENCIÓN Y ACOGIDA DE MIGRANTES Y REFUGIADOS
DE
CÁDIZ Y CEUTA.
Colaboración de Juan García de Paredes.
