Las elecciones por los altos puestos de cinco instituciones (TSE, CC, MP, USAC y Contraloría) han entrado en una lucha encarnizada. Las autoridades electas en cada una de ellas definirán el avance del país hacia la independencia institucional o la consolidación de un nuevo mapa de redes político-económicas ilícitas. El gran juego que se alinea cada 30 años ha empezado y los jugadores buscan que la población guatemalteca sea una simple espectadora.
Una
nueva pelea por el poder se libra lejos de los reflectores, entre los pasillos
alfombrados de los tribunales, los salones de eventos gremiales y los despachos
donde aún resuena el eco de los viejos pactos. La historia se repite: los
actores son los mismos, las alianzas mutan, y la ambición, esa que se alimenta
del control institucional, sigue intacta.
En
el centro de esta nueva jugada convergen actores que anhelan conservar o
recuperar posiciones de poder. Uno de ellos es Nester Vásquez, un magistrado de
la Corte de Constitucionalidad (CC), quien ha logrado sobrevivir a cada
reconfiguración del sistema de justicia. Desde la Corte Suprema de Justicia
(CSJ) hasta la CC, Vásquez se ha mantenido como una constante, un operador
silencioso que ha tejido su propio entramado de influencias.
En los círculos judiciales se habla de su objetivo: asegurar su permanencia en la CC, ya sea a través de la reelección en el CANG o mediante un eventual apoyo en la CSJ. Pero su estrategia aún no está definida. Su entorno lo impulsa a apostar por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), donde su grupo gremial busca consolidar el respaldo necesario para repetir la jugada que, cinco años atrás, lo llevó hasta la alta corte.
Vásquez
no está solo. A su alrededor resurgen otras figuras conocidas: Estuardo Gálvez,
exrector de la USAC y operador clave en las comisiones de postulación; Roberto
López Villatoro, el “Rey del Tenis”, hábil en el arte de tejer influencias;
Mynor Moto, juez con aspiraciones recurrentes a la CC; y la fiscal general
Consuelo Porras, quien desde el Ministerio Público busca asegurar espacios que
mantengan a salvo su poder.
Cada
uno mueve sus piezas bajo un mismo propósito;
conservar una cuota de influencia en un año en que el control de las
instituciones vuelve a estar en disputa. Como muestra un botón: la alianza
entre Néster Vásquez y la fiscal general Consuelo Porras ha sido clave para
blindar a su círculo de poder. Gracias a esa red de influencias dentro del
sistema de justicia, ni él ni sus aliados han tenido que rendir cuentas por la
manipulación de las cortes en 2020.
Es
así como los grupos afilan sus estrategias, calculan riesgos y se abren paso
entre alianzas frágiles y traiciones inevitables. En silencio, los operadores
políticos han retomado sus movimientos para asegurar posiciones clave rumbo a
2026.
En
este juego, la justicia y el poder que proporcionan estas instituciones son los
verdaderos premios. Y la democracia queda en segundo plano. Quienes dominen
intentarán avanzar sin ser devorados, mientras otros apenas buscan sobrevivir
en un terreno marcado por la cooptación institucional y la criminalización. Al
final, solo uno llegará a la meta y su victoria marcará el rumbo del país de
cara a las elecciones generales de 2027.
¿Por
qué es un proceso inédito?
Tradicionalmente
los relevos institucionales ocurren de forma escalonada. Sin embargo, en 2026 coincidirán
renovaciones clave que impactarán directamente en la justicia, la
fiscalización, la academia pública y el sistema electoral, pilares que
sostienen nuestra democracia.
Este
proceso de elecciones de segundo grado crea un escenario inusual: un año en que
todo el andamiaje del poder será reconfigurado simultáneamente en un contexto
donde la independencia judicial y la credibilidad electoral están gravemente
debilitadas. La concentración de estos procesos podría abrir la puerta a una
recomposición total del poder político, con implicaciones profundas en la ruta
hacia las próximas elecciones generales.
Estos
procesos llegan en medio de rezagos y déficits institucionales grandes desde
que se firmó la Paz, y la experiencia en los últimos períodos de gobierno que
han terminado de socavar sus capacidades para ejercer sus funciones. La
criminalización de periodistas, fiscales, jueces y defensores de derechos
humanos ha dejado un panorama de miedo y silencio, donde la crítica al poder se
castiga y la impunidad se premia, como lo han denunciado organizaciones
sociales.
El
gobierno de Bernardo Arévalo, electo con la promesa de rescatar la democracia,
no ha llenado las expectativas sociales, pero también es cierto que enfrenta
bloqueos sistemáticos por parte de actores tradicionales del poder que
controlan el Congreso, el Sistema Judicial y parte del aparato estatal. De allí
la importancia en la elección de las próximas autoridades en el TSE, la CC, el
MP, la USAC y la Contraloría.
El
interés de los grupos de poder
El
analista político Renzo Rosal considera que el proceso de elecciones que se
avecina representa un enorme atractivo para los grupos de poder. Dice que desde
2018 se ha consolidado un proceso de control institucional que busca
profundizarse y en el que las designaciones ofrecen una “gran oportunidad” para
que esos grupos refuercen su dominio sobre las instituciones, especialmente el
sistema de justicia.
El
analista advierte que esta coincidencia puede permitir una nueva fase de
“captura institucional”, en la que sectores interesados aprovechen el contexto
para reorganizar o consolidar su influencia política y judicial. “Dada la
coyuntura y el proceso que se ha
instalado, especialmente en 2018 para acá, el tema central es el
atractivo que representan estas elecciones de segundo grado para diversos
grupos de poder, unos que están interesados en profundizar, en consolidar o en
fortalecer el proceso de control de las instituciones”, señaló.
Por
su lado, el exjuez Carlos Ruano, considera que la democracia guatemalteca
enfrenta graves riesgos si las designaciones de 2026 responden nuevamente a
intereses partidarios, económicos o de grupos corruptos. Recuerda cómo durante
las elecciones generales de 2023, las acciones del Ministerio Público y de
actores políticos del gobierno saliente pusieron en duda la voluntad popular,
al no reconocer los resultados electorales. Para Ruano, ese mismo patrón se
podría repetir en las elecciones de segundo grado, ya que esos actores
continúan activos y ven en estas designaciones una oportunidad para desmantelar
completamente las instituciones del Estado.
“Es
un panorama bastante complicado porque no ha dado muestras de estar a la altura
de fortalecer las instituciones, porque vía del Congreso sabemos que se debe
elegir a uno de los magistrados y suplentes de la CC, pero también tiene esa
función del nombramiento de los magistrados del TSE, entonces lo veo como una
oportunidad pero dado el panorama lo que ha reflejado el trabajo del Congreso
es que muchos intereses políticos se van a a poner en juego”, agregó.
Por Alexander Valdéz
