A la hora de esta publicación la abogada estaba en situación de desaparición forzada: ni su familia ni su abogado han tenido noticias de ella.
El jefe fiscal nombrado
por el presidente salvadoreño Nayib Bukele ordenó la captura de Ruth Eleonora
López, jefe de la unidad anticorrupción de la no gubernamental Cristosal.
Agentes uniformados hicieron efectiva la captura poco antes de la medianoche
del domingo. López dirigió varias investigaciones que revelaron tramas de
corrupción asociadas al mandatario y su círculo íntimo y ha sido una de las
voces críticas del gobierno salvadoreño más citadas en el país y en el mundo.
La captura de López
ocurre en un momento en que el gobierno de Bukele ha recrudecido medidas
represivas en contra de críticos y opositores y en el marco de un asocio
político con el presidente estadounidense Donald Trump, a quien Bukele ha
permitido, a cambio de un pago, el uso del Centro de Confinamiento contra el
Terrorismo (CECOT), la cárcel de máxima seguridad del país, para encerrar
migrantes deportados desde Estados Unidos.
De acuerdo con el post
de la Fiscalía General Salvadoreña (FGR), López fue detenida con una orden
administrativa por el delito de peculado, supuestamente cometido cuando la
abogada era asistente de Eugenio Chicas, un exmagistrado del Tribunal Supremo
Electoral de El Salvador que también ha sido crítico de Bukele.
López, quien sí fue asistente de Chicas y ocupó otros puestos en el sector público, tiene media década de trabajar con Cristosal, organización no gubernamental que ha sido una de las voces más críticas del gobierno Bukele y, a través de diversas investigaciones, ha revelado corrupción de Bukele y sus funcionarios en casos como la compra irregular de insumos durante la pandemia, la contaminación sin control provocada durante la construcción del CECOT, el uso discrecional de un fondo para desastres por parte de la casa presidencial de Bukele, entre otros.
En diciembre de 2024,
la BBC de Londres incluyó a López en la lista de las 100 mujeres más
influyentes en el mundo.
“Soy incómoda al
gobierno”
Cuando la detuvieron,
de acuerdo con los primeros reportes periodísticos en El Salvador, López dijo a
sus captores: “La única razón de la detención es que soy defensora de derechos
humanos y trabajo en una ONG incómoda al gobierno, ese es el único problema”.
No es la primera vez
que el gobierno de Bukele captura a alguien que ha alzado la voz para denunciar
abusos y hacer denuncias de corrupción. La lista ya incluye a ambientalistas
que se han opuesto a proyectos de explotación minera anunciadas por el régimen,
a sindicalistas que participaron en marchas de protesta a las políticas del
presidente, y a varios políticos opositores. El exabrupto más reciente había
sido la advertencia de que la fiscalía había girado órdenes de captura contra
periodistas que han investigado el pacto de gobernabilidad entre Bukele y las
pandillas MS13 y Barrio 18.
En todos esos casos, la
FGR ha montado expedientes espurios en los que, según investigaciones
periodísticas, ha falseado testimonios y no ha presentado pruebas que sustenten
sus acusaciones; los detenidos, sin embargo, siguen en la cárcel debido a las
medidas impuestas por el régimen de excepción decretado en marzo de 2022,
cuando se rompió el pacto pandillero, las cuales han cercenado garantías
constitucionales como el derecho a defensa y al debido proceso.
Ya antes, en el marco
del régimen de excepción, familiares de las víctimas y oenegé han denunciado
que los detenidos no tienen contacto con sus familiares o sus abogados, lo cual
constituye, de acuerdo con la jurisprudencia internacional, un escenario de
desaparición forzada. Es el caso de Ruth López hasta ahora.
Horas bajas de Bukele y
más represión
La detención de López
se da en un contexto en que Nayib Bukele ha tenido que lidiar con varios
escenarios adversos, como el de los costos políticos que le ha traído su
arreglo con Trump, críticas por la mala gestión de un derrumbe que ha hecho
colapsar una de las principales carreteras del país, y la aparente baja en sus
cifras de popularidad.
El colapso de la
carretera, conocida como Los Chorros, hizo que Bukele ofreciera transporte
público gratuito, el cual, dijo el presidente, sería posible porque el gobierno
cubriría el costo de los transportistas. Varios dueños de los buses, si
embargo, dejaron estacionados sus vehículos y dijeron que el gobierno no les
había pagado; Bukele mandó a arrestar a media docena de los empresarios y uno
de ellos murió cuando estaba en custodia del Estado.
El trato con Trump
llamó la atención de la prensa estadounidense tras el primer envío de migrantes
venezolanos a El Salvador. A partir de entonces, varios artículos de primera
plana han sido publicados en diarios como The New York Times, The Washington
Post y Los Angeles Times, en los cuales Bukele aparece perfilado como un
gobernante autoritario que no ha respetado los límites constitucionales.
Entre abril y mayo, además, la prensa salvadoreña y la guatemalteca publicaron investigaciones sobre la compra de propiedades millonarias por parte de Bukele y su familia, más detalles sobre el pacto pandillero y revelaciones que atan al entorno presidencial con una cooperativa de ahorro investigada por lavado de dinero y la muerte en circunstancias no aclaradas del principal sospechoso y del jefe de la policía.
A todo esto respondió
Bukele con más actos represivos, como las capturas de líderes que protestaron
cerca de su vivienda, la amenaza de cobrar 30% de impuesto a las organizaciones
no gubernamentales y la advertencia de posibles arrestos de periodistas
incómodos.
Por Héctor Silva Ávalos