Cádiz 8 de Octubre de 2025.
Comenzamos nuestro Círculo de Silencio como terminamos
el de septiembre: recordando el conflicto en Gaza, un exterminio humano que
está sufriendo el pueblo Palestino a manos de Israel que no para, pese a que,
en la última
Asamblea General de la ONU, celebrada en septiembre de 2025, más de 150
países condenaran las acciones de Israel en Gaza, calificándolas de
genocidio y exigiendo el fin inmediato de la violencia y el respeto al derecho
internacional humanitario.
Nuestros Círculos de Silencio en
favor de las personas migrantes y refugiadas están estrechamente ligados a la
situación por la que están atravesando los palestinos, pues también ellos
sufren una migración interna y forzada que les condena a deambular de un sitio
para otro en su propio país, a capricho de sus verdugos, con el añadido de las
bombas, la hambruna y las enfermedades.
Y en medio de tanta tragedia, la
gente de a pie, sin mediaciones políticas y de manera espontánea se moviliza y
se manifiestan para gritar que nos sigue quedando humanidad al ver tanta
atrocidad. Es de las poquitas cosas que podemos hacer. Ojalá esto acabe
pronto ¡¡¡.
También nos queda por hablar de
lo que acontece con las personas migrantes, recalcando por enésima vez las
bondades reales de las migraciones, seguimos contradiciendo bulos y machacando
la idea de que una sociedad con una migración controlada es una riqueza para el
país de acogida.
En un mundo cada vez más interconectado, la movilidad
humana se ha convertido en una realidad constante y necesaria. Las personas
migrantes no solo buscan mejores condiciones de vida, sino que, al hacerlo,
realizan aportaciones fundamentales a las sociedades que les acogen,
enriqueciendo tanto el ámbito económico como el social y cultural.
En España, por ejemplo, las personas inmigrantes representan
aproximadamente un 12% de la población total y contribuyen significativamente a
sectores esenciales. Según datos recientes del Instituto Nacional de
Estadística (INE), los migrantes suponen cerca del 15% de la fuerza laboral
activa en el país, siendo imprescindibles en sectores como la agricultura,
la construcción, los servicios domésticos y la hostelería, áreas clave para la
economía nacional.
Más aún, la migración también impulsa la innovación y el emprendimiento.
Estudios del Ministerio de Trabajo indican que alrededor del 20% de las
empresas nuevas registradas en los últimos años tienen fundadores
extranjeros, lo que refleja una importante capacidad emprendedora que genera
empleo y dinamiza la economía local.
Culturalmente, la diversidad que aportan las personas migrantes enriquece
nuestras comunidades, fomentando el intercambio de saberes, tradiciones y
valores, lo que contribuye a sociedades más abiertas, inclusivas y creativas.
Los migrantes fortalecen la cohesión social y aportan nuevas perspectivas que
ayudan a construir sociedades resilientes y plurales.
A pesar de esta contribución innegable, las personas migrantes a menudo
enfrentan violaciones graves de sus derechos fundamentales. En España, y en
muchos otros países, miles de migrantes sufren condiciones precarias, falta de
acceso a servicios básicos, discriminación, y violencias diversas.
Por ejemplo, en los centros de acogida para menores migrantes no acompañados (MENA) se han reportado problemas de saturación, insuficiencia de recursos, y falta de personal cualificado. Según informes de organizaciones sociales y la Fiscalía, esta situación afecta negativamente el bienestar, la integración y el desarrollo de estos menores, poniendo en riesgo su derecho a una infancia digna y segura.
Además, muchas personas migrantes se enfrentan a obstáculos burocráticos
para acceder a la salud, la educación, y el empleo digno. En ocasiones, las
políticas migratorias restrictivas y la criminalización de la migración
irregular contribuyen a estigmatizar a estas poblaciones, fomentando la
exclusión social y aumentando su vulnerabilidad.
Las deportaciones y los rechazos en frontera, a veces realizados sin
garantías legales suficientes, suponen una violación directa del derecho
internacional humanitario y de los tratados de derechos humanos ratificados por
España. Estos actos atentan contra la dignidad de las personas y su derecho a
buscar protección y una vida segura.
Es imprescindible que los gobiernos, las instituciones
y la sociedad civil trabajen de forma coordinada para garantizar el respeto
pleno a los derechos de las personas migrantes. Esto implica:
- Promover
políticas migratorias basadas en los derechos humanos y la inclusión social,
no en la exclusión o la criminalización.
- Garantizar
el acceso universal a servicios esenciales como salud, educación, vivienda
digna y trabajo digno, sin discriminación por nacionalidad o situación
administrativa.
- Mejorar
la atención y protección a grupos especialmente vulnerables, como los
menores no acompañados, mujeres migrantes y refugiados.
- Fomentar
la sensibilización social para combatir prejuicios, racismo y xenofobia,
promoviendo la convivencia intercultural y el respeto mutuo.
- Cumplir
con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos,
acogida y reasentamiento, respetando siempre la dignidad y la autonomía de
las personas migrantes.
En definitiva, las personas migrantes son agentes
activos del desarrollo y el enriquecimiento social, y como tales merecen ser
reconocidas, protegidas y valoradas en todas sus dimensiones. Defender sus
derechos es una responsabilidad colectiva y un imperativo moral para construir
sociedades justas, solidarias y humanas.
Los últimos meses han evidenciado la complejidad y
pluralidad de la cuestión migratoria en España. Por un lado, se avanzan medidas
administrativas para proteger a los grupos más vulnerables, como los menores no
acompañados, y se reconoce la importancia de las regularizaciones por arraigo.
Por otro lado, persisten las tensiones políticas y
sociales en torno a la gestión de las competencias migratorias y las narrativas
que rodean a la población extranjera. La parálisis legislativa en aspectos
clave como la regularización extraordinaria y los discursos políticos que
estigmatizan a los migrantes son desafíos significativos para una política
migratoria equilibrada y humana.
Para lograr una convivencia justa y efectiva, será
necesario profundizar en la cooperación institucional, mejorar la atención y
protección a las personas migrantes, y fomentar un debate público basado en
datos rigurosos y respeto a los derechos humanos.
Los menores
merecen una mirada aparte de todo esto.
Existe una emergencia migratoria en las Islas
Canarias y los enclaves de Ceuta y Melilla reconocida por el Ministerio de
Juventud y Infancia de España. Los tres territorios albergan a más del triple
de su capacidad de acogida.
Este reconocimiento obliga al traslado de alrededor
de 4.000 menores a otras regiones de la España peninsular.
Ceuta alberga actualmente a más de 500 menores con
solo 27 plazas disponibles, más de un 1.800% por encima de su capacidad.
Melilla acoge a 160 niños en un sistema diseñado para 28. Las Islas Canarias
albergan a más de 5.000 menores, casi siete veces su capacidad oficial de 737,
según cifras del ministerio.
Casi la mitad de los 4.000 menores irán a tres
regiones: Andalucía (677), Madrid (647) y Valencia (571). El País Vasco y
Cataluña están exentos por admisión previa, aunque Cataluña ha aceptado
voluntariamente acoger 31.
El gobierno aprobó un fondo de 100 millones de euros
para financiar los primeros tres meses de atención en las regiones de acogida,
con apoyo adicional para aquellos que excedan su capacidad.
La nueva ley exige que las futuras llegadas a los
tres territorios en estado de emergencia sean reubicadas en un plazo de 15
días. Para los niños ya alojados, las transferencias deben completarse dentro
de un año.
Amigos, comienza
nuestro TIEMPO DE SILENCIO.
MESA DIOCESANA
DE ATENCIÓN Y ACOGIDA DE MIGRANTES Y REFUGIADOS DE CÁDIZ Y CEUTA.
Colaboración de Juan García de Paredes.
