La Detención de
Leocadio Juracán, un paso más en la Instrumentalización del Sistema Judicial en
Guatemala
Fecha: 13 de agosto de
2025
Las organizaciones
abajo firmantes manifestamos nuestra profunda preocupación por la detención del
líder campesino Leocadio Juracán. Analizamos este evento no como un acto
aislado, sino como el síntoma más visible de un patrón de criminalización de la
lucha social que amenaza la democracia y la estabilidad jurídica en Guatemala.
Contexto: Conflicto
Agrario y la Estrategia de Criminalización
La histórica
desigualdad en la tenencia de la tierra en Guatemala es un catalizador del
conflicto social que frena el desarrollo nacional. En lugar de abordar este
problema estructural mediante políticas públicas, se ha optado por la persecución
judicial, estrategia impulsada por grupos de interés como la Asociación para la
Defensa de la Propiedad Privada (ACDEPRO) que representa a sectores
terratenientes.
Esta estrategia ha
resultado en la instrumentalización del sistema de justicia. La evidencia es
contundente:
Se creó una Fiscalía
contra Delitos de Usurpación en 2021 tras el lobby de estos grupos,
especializándose en la persecución.
Ante esta fiscalía se
presentan entre 2500 y 4000 denuncias por usurpación anualmente, tratando un problema
social como si fuera un asunto puramente delictivo.
El impacto directo es
la persecución de miles de personas. Solo el Comité Campesino del Altiplano
(CCDA), que integra Juracán, reporta más de
3,000 órdenes de captura contra sus miembros.
La detención de
Leocadio Juracán, exdiputado y dirigente campesino, es la manifestación más
alarmante de esta maquinaria de criminalización diseñada para eliminar la
contraparte en la defensa del territorio
y deslegitimar las demandas campesinas.
Consecuencias para el
Estado de Derecho y la Sociedad
El uso del sistema
penal para dirimir conflictos sociales tiene graves implicaciones para toda la
nación:
Erosiona la certeza
jurídica cuando la justicia se percibe como una herramienta de intereses
particulares, pierde su legitimidad y la confianza necesaria para la inversión
y la convivencia ciudadana.
Deteriora la democracia
al anular espacios para el diálogo y la protesta legítima, pilares de un
sistema democrático funcional.
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